ESCUCHARSuman 1.132 los niños, niñas y adolescentes que fueron privados de la libertad el año pasado. La mayoría es varón, que vive en barrios del sur de la ciudad como Villa El Libertador, Residencial San Roque y Bella Vista
Un informe estadístico elaborado por el Centro de Estudios y Proyectos Judiciales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) revela que, en 2016, 1.132 niñas, niños y adolescentes fueron privados de la libertad por infringir la ley penal, en la ciudad de Córdoba.
El estudio muestra que 43% residía en los distritos ubicados en el sur de la ciudad y detalla que los jóvenes más afectados proceden de los barrios Villa El Libertador, Bella Vista y Residencial San Roque.
Según la investigación, a 73% de los jóvenes se les atribuyó delitos contra la propiedad tales como robo, hurto y daños. Las tres figuras delictivas más frecuentes fueron robo (968 casos); encubrimiento (136) y hurto (84).
Adolescentes de entre 16 y 17
El estudio, confeccionado con base en datos de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) y del Ministerio de Justicia de la Provincia, también señala que la edad de las personas afectadas por estas disposiciones se ubica, mayoritariamente, entre 16 y 17 años. Siete de cada diez delitos fueron cometidos por jóvenes en esa franja etaria. En tanto, la cifra desciende a 8% cuando se trata de adolescentes de 14 años, y a 15% en la franja de 19 años.
Asimismo, el informe indica que 21% de las niñas, niños y adolescentes fue privado de la libertad más de una vez en el año.
En cuanto a la cantidad de días transcurridos entre el ingreso de los adolescentes al Centro de Admisión y Diagnóstico (CAD) y el recupero la libertad, el estudio revela que prácticamente la mitad de ellos pasa entre uno y dos días detenido. Se consideran los días transcurridos hasta que el joven recupera la libertad, ya sea mediante su entrega en guarda provisoria a un familiar o hasta la Derivación al Organismo de Protección de Derechos–Senaf.
Cabe aclarar que el informe no contempla a los adolescentes privados de libertad presuntos infractores del Código de Convivencia Ciudadana ni a aquellos que fueron alojados en las unidades judiciales que recuperaron su libertad y fueron puestos a disposición de sus familiares o tutores.
