ESCUCHAREl Foro Permanente de Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Oficinas Anticorrupción (Foro FIAs y OAs), que integra la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) de la Procuración General de la Nación (PGN) y reúne a otras dependencias estatales equivalentes en el ámbito nacional, lanzó una campaña de visibilización sobre la “sextorsión” en su modalidad “corrupción sexual” y habilitó canales para denunciar o recibir asesoramiento.
Desde el Foro FIAs y OAs se busca que la ciudadanía pueda reconocerla como una violación de derechos y un acto de corrupción basado en el abuso de poder y las desigualdades de género, en el cual el sexo, y no el dinero, es la moneda de cambio, a diferencia de otra práctica de ciberdelincuencia referida a la amenaza de divulgar imágenes de la intimidad sexual.
Entre otras acciones, se conformó un grupo que se integró, entre otras áreas, con la PIA; la Oficina Anticorrupción (OA); las Oficinas de Integridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la Dirección de Investigaciones, Transparencia y Ética Pública de Rosario y la Dirección de Investigaciones Administrativas de la Fiscalía de Estado de Córdoba.
También se sumaron organizaciones de la sociedad civil, como Poder Ciudadano y Unión Argentina de Proveedores del Estado.
Agente público
La sextorsión/corrupción sexual ocurre cuando un agente público solicita un acto con características sexuales como condición para realizar una gestión o actividad que permitan el acceso a un servicio, beneficio o cualquier derecho; por ejemplo, para otorgar planes sociales; conceder contratos de trabajo y obtener un turnos médicos o vacantes escolares.
Se trata de una práctica que conjuga la violencia sexual con la corrupción y de una manifestación del impacto desproporcionado que tiene este fenómeno sobre las mujeres y otras personas en situación de vulnerabilidad.
La acción del foro se enmarca en el trabajo que desarrolla desde 2020 en materia de corrupción y género, inicialmente focalizado en la corrupción facilitadora de la trata y, desde 2023, enfocado a abordar de manera específica la sextorsión/corrupción sexual.
Todo ello es en línea con la recomendación propuesta por la Red de Fiscales contra la Corrupción, aprobada en 2022 por la Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), que instó a los países miembros a legislar en sus ordenamientos internos, y de la reciente resolución de la X Conferencia de Estados Parte de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (CoSP10), que exhortó a los estados a reconocer la demanda de sexo o actos de naturaleza sexual en contextos de abuso de autoridad como una forma de corrupción.
A raíz del trabajo de relevamiento de casos y una serie de entrevistas con actores locales en distintas jurisdicciones, se identificó que los hechos de sextorsión/corrupción sexual aparecen muchas veces normalizados o subsumidos dentro de otros ilícitos o de irregularidades bajo investigación, o con serias dificultades para ser tramitados en los sistemas de denuncias y procedimientos existentes por ausencia de normas específicas.
Hay información disponible en el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) – Poder Ciudadano, a través del correo [email protected] o del sitio https://poderciudadano.org/asistencia-anticorrupcion/.
