El director de la Tercera Edad de la Defensoría del Pueblo, Eugenio Semino, anticipó que la próxima semana volverá a reclamar en la Justicia por el aumento de 6,12% que recibirán los jubilados y pensionados a partir de junio y que fue determinado por decreto.
Según explicó, presentará una ampliación de la demanda colectiva que se había iniciado en febrero pasado, luego de que se anunciara un aumento de 2,3% y una suma de $1.500 para los haberes de marzo. Ese amparo colectivo —que reunió unas 7.000 casos de jubilados— fue rechazado por la jueza federal de la Seguridad Social Silvia Saino, que consideró que no se trataba de un reclamo “homogéneo” y que cada demanda debía presentarse individualmente. Entonces, Semino y los promotores de la demanda pidieron un “per saltum” para que el caso directamente sea tratado por la Corte.
“Vamos a presentar una ampliación de la demanda, que ya está en la Corte con el argumento de que el nuevo decreto tiene las mismas características que el anterior porque no se respetaron los porcentajes que correspondían por la fórmula de movilidad suspendida. Lo que se dio es casi la mitad de lo que correspondía. Hay una regresividad en el derecho”, explicó Semino y remarcó que en los aumentos por decreto hay una violación de la Constitución Nacional.
“Se convalidó el achatamiento de la pirámide. Pero nos sorprende lo irrespetuoso del aumento en este momento. Más allá de los temas legales es una falta de respeto que la jubilación mínima sea de $16.800”, agregó.
Y criticó que el Gobierno justifique la suba de 6,12% con el argumento de que ahora los medicamentos son gratis. “Para poder explicar el aumento los jubilados se tienen que enfermar. Además, cuando dicen que el 80% de los jubilados le ganó a la inflación toman los bonos que se otorgaron, lo que no corresponde. Esos bonos fueron un subsidio por única vez”, señaló el defensor de la Tercera Edad.