ESCUCHARMientras que la investigación por el caso de los intermediarios de seguros durante la gestión del ex presidente Alberto Fernández avanza en la Justicia, una auditoría interna preliminar realizada por oficinas gubernamentales arrojó que el total estimado de las comisiones pagadas durante los cuatro años de Fernández alcanzó los $3500 millones, no actualizado por inflación.
Esta cifra corresponde a la suma de desembolsos que hizo Nación Seguros, la compañía estatal que estaban obligados a contratar en el Estado por un decreto de Fernández, a los productores privados que oficiaban de intermediarios, entre los cuales se encontraba Héctor Martínez Sosa, amigo del expresidente, y Pablo Torres García, de vínculos con el Frente Renovador de Sergio Massa y con Pro.
De acuerdo con las estimaciones que confió el diario La Nación a una fuente oficial que tuvo acceso a la auditoría, por lo menos $1600 millones de los $3500 millones que se abonaron durante toda la gestión de Fernández fueron a las cuentas bancarias de Bachellier SA, una empresa “satélite” de Martínez Sosa. Esta compañía tenía, entre otras, la intermediación de la póliza de Gendarmería. Las mismas fuentes detallaron que, del 15% total que representaba la comisión, cerca del 12% iba para Bachellier SA y 3% para Martínez Sosa.
La sociedad figura a nombre de Osvaldo Alfredo Tortora, un productor de 71 años que, según múltiples conocedores de las gestiones del gobierno anterior, representaba los intereses de Martínez Sosa en reuniones. Su empresa, por otra parte, habría recibido unos $400 millones.
El área técnica de Nación Seguros está realizando un estudio de todos los pagos hechos en los últimos 15 años y esperan finalizar una porción del informe la semana que viene. Las oficinas públicas que encontraron pedidos de intermediación también recopilan datos. El Ministerio de Seguridad, por ejemplo, dijo que se habían pagado unos $800 millones durante 2022 y 2023, pero en referencia a un número actualizado por inflación a la póliza de diciembre del año pasado.
El juez federal Julián Ercolini, por su parte, luego de realizar una serie de allanamientos, solicitó a 27 brokers “toda la documentación referida a las contrataciones de seguros o convenios celebrados con el Estado Nacional y/o las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8 de la Ley N° 24.156, desde el 10 de diciembre de 2019 al 10 de diciembre de 2023″, incluidos aquellos bajo la modalidad de coaseguro o reaseguro.
El despacho agregó que se entreguen “las actuaciones de las entidades contratantes de las pólizas que se vinculen con las designaciones de productores asesores de seguros (directos u organizadores) en el marco de tales contrataciones, y toda otra documentación que resulte de interés para la investigación”.
Al mismo tiempo, se requirió a 45 dependencias estatales que entreguen toda la información relativa a la contratación de sus seguros, antecedentes administrativos y solicitudes. No se solicitó información sobre Presidencia de la Nación, la oficina que ocupaba uno de los imputados. La exclusión de alguna manera coincide con los testimonios de varias fuentes, que remiten que el área del presidente particularmente no tenía intermediador, y con los documentos que se conocieron hasta ahora.
