ESCUCHAREn Comodoro Py, la Sala I Cámara Federal ordenó que continúe la investigación por la pegatina de afiches en el microcentro porteño, en febrero de 2022, con un fotomontaje que mostró a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, al ex presidente Mauricio Macri y a la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires y actual diputada, María Eugenia Vidal, vestidos con uniformes de jerarcas nazis y la leyenda “La GestaPRO”.
Por mayoría, el tribunal revocó el sobreseimiento de los cinco imputados por el caso y el archivo del expediente decretado en primera instancia y dispuso que se agoten “todas las diligencias posibles” a los fines de dar con las personas que tuvieron “un rol más relevante” que el de los incriminados hasta el momento, a quienes definió como “el último eslabón de la maniobra investigada”.
AFI
Los afiches aparecieron cuando el gobierno de Alberto Fernández denunció ante la Justicia el hallazgo de un video donde se ve a funcionarios del gobierno de Vidal reunidos con empresarios de la construcción platenses y con agentes de la AFI hablando sobre la situación procesal del sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina.
Bullrich presentó una denuncia por incitación a la violencia colectiva. El expediente se tramitó en Comodoro Py. Por las cámaras de seguridad se pudo dar con los individuos que pegaron los afiches, pero fueron desvinculados porque no se pudo probar el dolo. Luego, el caso se paralizó y no se avanzó hacía quienes encargaron la tarea.
La decisión fue apelada por Bullrich y los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi hicieron lugar al recurso de la funcionaria.
“Nos encontramos ante un panorama incompleto que impide convalidar la decisión definitiva que ha sido adoptada respecto de los encartados”, señalaron.
Además, estimaron que hay medidas pendientes de producción que resultarían útiles “a los fines de dar con otros intervinientes en los sucesos”. Así, concluyeron que el archivo fue prematuro.
También manifestaron que en la causa se llegó a otros imputados -además de quienes hicieron la pegatina- de quienes se pudo obtener información de sus teléfonos. “Se advierte que del análisis de los aparatos incautados han surgido datos que, contrariamente a lo señalado por el fiscal, podrían arrojar luz sobre los hechos”, sumaron Bruglia y Bertuzzi al ordenarle al juez federal Julián Ercolini avanzar con la pesquisa.
En disidencia, Mariano LLorens votó por confirmar el archivo de la causa judicial. Opinó que la investigación determinó que los encartados sobreseídos “solo pegaron los afiches” y juzgó que ese accionar no implicó “algún grado de participación dolosa cuyo norte haya sido incitar a la violencia colectiva”.
“La mera colocación de esos carteles no importa la existencia de algún grado de convalidación dolosa de los fines que el autor del contenido de aquéllos tuvo en el momento en que ordenó su creación”, acotó.
“Para establecer una conexión que importe algún grado de responsabilidad deberá superarse un umbral probatorio mínimo, que no se ha observado en el trámite que demandaron las presentes actuaciones, ni la acusación particular ha incorporado elementos en su recurso que habiliten a considerar una solución alternativa a la establecida en la resolución puesta en crisis”, sostuvo Llorens en su voto en minoría.
