ESCUCHAR“Aún existen incógnitas sobre las negociaciones llevadas a cabo entre el Estado Argentino y los representantes de la firma Pfizer, las cuales no han sido plenamente analizadas en el curso de la investigación, sobre todo frente al ritmo que marcaron los acercamientos con otros laboratorios”.
Bajo esa premisa, la Sala I Cámara Federal ordenó seguir investigando por qué la administración de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner demoró la compra de aquella vacuna durante la pandemia.
Los jueces de Comodoro Py Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens revocaron un fallo del magistrado Ariel Lijo que desestimó las dos denuncias al respecto, presentadas en 2021. Una la promovió un grupo de diputados nacionales de la por entonces oposición, para que se investigara por qué el gobierno no adquirió la vacuna. La otra la iniciaron familiares de cuatro personas que fallecieron por covid.
La demora de la Argentina para comprar vacunas generó debate durante la pandemia, porque el gobierno de Fernández no priorizó el plan de inmunización ruso con Sputnik y no explicó por qué.
Hubo sospechas de pedidos de coimas y discusión política hasta que en septiembre de 2021 llegaron 20 millones de dosis de la farmacéutica norteamericana.
En diciembre de 2024, Lijo archivó las denuncias. Dijo que no había elementos de prueba para avanzar en una imputación. “Si bien no había un ‘debido tiempo’ para contar con determinada cantidad de dosis de las vacunas -lo que a su vez conforma una ausencia de plataforma fáctica temporal ante un eventual reproche penal-, lo cierto es que se evidencia y hasta es reconocido por la propia empresa Pfizer, el esfuerzo, interés y voluntad política que desde el Gobierno Nacional emanaba desde un inicio para la adquisición en tiempo y forma de las vacunas que por entonces comenzaban a desarrollar”, sostuvo.
Lijo determinó que no constituyó “maniobra ilícita alguna” negociar y gestionar con otros laboratorios a la par que determinadas negociaciones “no resultaban fructíferas en los primeros meses”.
“La decisión de celebrar contratos para la compra venta de vacunas con distintos laboratorios es, en sí misma, una decisión política que fue tomada por el gobierno en el marco de sus facultades, obligaciones y funciones”, agregó.
El fallo fue apelado por el fiscal federal Carlos Stornelli, quien señaló que faltaban varias de las medidas de prueba que propuso. “Es notoria la diferencia verificada en cuanto a los tiempos de tramitación de los distintos procedimientos de compra de vacunas, comparativamente hablando, en el que el concerniente a Pfizer evidencia un innegable aletargamiento, al amparo de la opacidad y falta de oportuno registro en el sistema informático respectivo”, planteó.
“No puede soslayarse, y entiendo que sobre ello no hay de momento controversia probatoria, que las demoras registradas en la negociación con Pfizer, derivó perjudicialmente para nuestro país y en un contexto de emergencia sanitaria, en una progresiva disminución de las dosis comprometidas inicialmente, a la par de que ingresaban las de los otros laboratorios raudamente contratados”, sumó el agente.
La Cámara Federal le dio la razón. “Las distintas aristas reveladas por el apelante no pueden ser desestimadas sin la realización de las correspondientes medidas probatorias que diluciden esos interrogantes. Desde esa mirada, los elementos de convicción hasta aquí colectados resultan insuficientes para adquirir un estado de certeza negativo que permita solventar la decisión adoptada”, señaló. Para el tribunal, “la investigación no incursionó suficientemente en los procesos de adquisición y en las negociaciones que se llevaron a cabo con el resto de las empresas a las cuales el Estado Nacional les adquirió las vacunas con mayor antelación”. “Esta ausencia probatoria imposibilita descartar la existencia de supuestos tratos desiguales entre aquellos laboratorios y la empresa Pfizer”, concluyó.
