ESCUCHARLa Corte Suprema debe resolver causas de alto impacto político. La pelea por la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires y la composición del Consejo de la Magistratura, en la agenda
Mientras se avanza en el pedido de juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), este miércoles vuelve la actividad judicial y se espera que en el corto plazo se dicten resoluciones que tendrán un alto impacto político.
Por un lado, el Máximo Tribunal tiene que resolver la disputa por la coparticipación federal de impuestos entre el Gobierno nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). En diciembre, la Corte dictó una medida cautelar a favor de la administración del jefe de Gobierno de la CABA, Horacio Rodríguez Larreta. El Poder Ejecutivo Nacional recusó a los jueces de aquélla y planteó una revocatoria. El Gobierno porteño denunció que la decisión no se cumplió y le pidió a la CSJN que tome medidas para hacerla efectiva.
El segundo fallo que se espera de la Corte es el relativo a una de las bancas en el Consejo de la Magistratura de la Nación (CMN) por el estamento de senadores. El oficialismo propuso para el cargo a Martín Doñate y la oposición a Luis Juez. Sin la resolución de la Corte, el CMN no puede comenzar a funcionar.
Los otros expedientes sobre los que se esperan decisiones inmediatas involucran directamente a la vicepresidente Cristina Fernández. La Sala I de la Cámara de Casación tiene para resolver si confirma su sobreseimiento en las causas “Los Sauces-Hotesur” y por el Memorándum de Entendimiento con Irán o si lo revoca y ordena que se hagan los juicios orales.
La fiscalía en ambas causas y la querella de familiares de víctimas del atentado a la AMIA en el expediente por el memorándum pidieron que las causas se reabran y se hagan los procesos; y las defensas que se confirmen los sobreseimientos.
También Casación, pero en este caso los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Ángela Ledesma, deben resolver si confirman la condena de 12 años de prisión al empresario Lázaro Báez por lavado de dinero, en la causa llamada por sectores del periodismo “ruta del dinero k”.
