ESCUCHAREl Tribunal Superior de Justicia trabaja para avanzar en su implementación. Los pliegos aún no se confeccionaron y se analiza el tipo de contratación que podría aplicarse. Mientras tanto, los depósitos judiciales siguen abarrotados.
A casi un año de la sanción de la ley que preveía la compactación y posterior venta como chatarra de los miles de vehículos que permanecen en diferentes depósitos judiciales, el Poder Judicial de Córdoba aún no logró materializar esa iniciativa y sigue creciendo la lista de vehículos que se depositan no sólo en Bouwer sino en diferentes comisarías y predios judiciales del interior de la provincia.
Consultado por Comercio y Justicia, Luis Sosa, secretario de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y uno de los impulsores de la ley, aseguró que se está trabajando en la cuestión aunque admitió que hay “trámites tediosos” que demoran la tan esperada compactación.
Se calcula que son al menos cuatro las empresas que están interesadas en realizar los trabajos, con las cuales el TSJ ya ha tenido reuniones informativas.
Más allá de las demoras, Sosa asegura que están “trabajando en los pliegos” y dijo que “su voluntad” es que antes de mediados de año puedan estar confeccionados y la licitación en marcha.
Pese a los deseos, es difícil estimar cuándo efectivamente se comenzarán con las tareas de compactación. “Hace seis años que estamos con esto”, dijo Sosa, al recordar que en 2009 surgió la necesidad de hacer un proyecto de ley para poder proceder a la compactación de vehículos secuestrados y abandonados, y recién en junio de 2014 se logró su tratamiento y sanción.
Sosa explicó que ya tienen el inventario de los vehículos que se encuentran secuestrados en los distintos depósitos que tiene la provincia. Aunque no quiso dar precisiones al respecto, se estima que no son menos de 15 mil los que están sólo en uno de los predios de Bouwer. En toda la provincia la cifra puede ascender a 30 mil.
Qué dice la norma
Cabe recordar que la ley 10207 da un marco legal que acorta los tiempos para que la Justicia pueda disponer de los vehículos, habilita su venta como chatarra, su remate y obliga a generar un registro de ellos, entre otras cuestiones. En caso de vehículos provenientes de causas judiciales, la ley prevé que la Autoridad de Aplicación podrá disponer de ellos transcurridos tres años contados a partir del efectivo secuestro. Ese plazo podrá extenderse si media una orden judicial de un funcionario o magistrado provincial que se encuentre tramitando una causa y considere que, en virtud del estado de las actuaciones, corresponde preservar el bien.
La compactación, además de contribuir con la preservación del medioambiente, servirá como una fuente de ingreso de dinero que en los primeros cinco años de vigencia de la ley será destinado exclusivamente a la remediación de los predios donde se depositan los automóviles. Luego, irá a las arcas del Poder Judicial (40%), al Ministerio de Gobierno y Seguridad (40%), otro 10% se destinará al mantenimiento y modernización de los predios y el restante 10% a resarcir a quien reclame un vehículo luego de compactado.
