Se cuadruplicó el número de detenidos con penas inferiores a 36 meses

Pasó de 202 en el año 2005 a 976 en 2021. Influyó la entrada en vigencia de la ley de flagrancia. El informe destaca que el sistema penal “fracasó” en su intento de “disuadir” a personas que cometieron, en su mayoría, delitos de insignificancia

Las personas encarceladas en unidades del Servicio Penitenciario Federal (SPF) con penas cortas se cuadruplicaron entre 2005 y 2021: pasaron de 202 a 976, según un informe publicado por la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) .

Mientras que en 2005 los condenados con penas de hasta tres años representaban sólo 4,9% del total de condenados (202 de 4.150), en los años sucesivos se registraron incrementos sistemáticos. En 2017, por ejemplo, hubo un alza significativa, a 811 casos, que representaban 16,1% del total de condenado s. La suba de detenidos coincidió con que a fines de 2016 entró en vigencia la ley de flagrancia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

El alza se mantuvo hasta 2019, con 1.281 detenidos, que representaron 20,5% del total de condenados . En el año 2020 se produce un descenso, a raíz de la coyuntura por la pandemia de covid-19.

Del informe surge un dato revelador: mientras el total de las personas encarceladas con penas mayores de tres años presentaron un aumento de 22%, los detenidos con penas cortas pasaron de 202 en 2005 a 976 en 2021 (incremento de 383%), o sea que prácticamente se cuadriplicaron.

A su vez, el informe destaca que en el marco del aumento de las penas cortas, de hasta 36 meses, son las tres categorías más reducidas (hasta 18 meses) las que más aumentaron su importancia relativa: pasaron de representar 18,3% en 2005 a 34,9% en 2021 del conjunto de las penas cortas. Las de hasta seis meses pasaron de cuatro casos en 2005 a 105 en 2021 (incremento de 2.025% ); las penas de 7 a 12 meses pasaron de 11 en 2005 a 106 en 2021 (incremento de 864%); y las penas de 13 a 18 meses pasaron de 22 en 2005 a 130 en 2021 (incremento de 491%).

Antecedentes

Los datos recabados por la PPN revelaron que entre un tercio y un poco más de la mitad de los condenados a penas de menos de 36 meses de cumplimiento efectivo, no presentaba encarcelamientos anteriores en establecimientos del SPF . Se trata de personas que seguramente tuvieron contacto anterior con el sistema penal, ya que la justificación para el cumplimiento efectivo de penas menores de tres años es justamente los antecedentes o la violación de medidas alternativas; o sea, que fueron detenidos con anterioridad e incluso condenados con penas en suspenso, pero que no habían ingresado a la cárcel (al menos al SPF).

“El hecho de que se encuentren cumpliendo penas cortas indica un proceso de consolidación como ‘clientes’ del sistema penal, para situaciones en que el sistema penal ‘fracasó’ en su intento de ‘disuadir’, ‘corregir’ o ‘reintegrar’ a personas que cometieron, en su mayoría, delitos de insignificancia (hurto, tentativa de hurto, daño, lesiones leves etc.) por la vía de una respuesta penal más severa”, expresó el informe.

“Si entre 2005 y 2015 los primarios fluctuaron entre 35% y 55%, los años 2016 y 2017 parecen encontrarse dentro de la misma tendencia, con 37% y 46,7% de primarios correspondientemente, pero el año 2018 marca una nueva cifra límite hacía arriba de primarios con penas cortas, 66,7%, 20 puntos más que el año anterior y 10 por arriba de los valores máximos de los primeros 15 años en estudio, lo que nos habla del avance punitivo sobre una población que no había tenido contacto con el SPF en el marco de una tendencia creciente de encarcelamiento, o sea, una ofensiva penal sobre una población que en general se encuentra en situación de vulnerabilidad ”, agregó la PPN.

Penas en comisarías

Luego de una disminución en la tasa de encarcelamiento como consencuencia de los primeros meses del aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO), el informe destacó que estos dos últimos años marcan el inicio de un nuevo circuito de encarcelamiento en la CABA, con largas detenciones en comisarías y alcaldías de la Policía de la Ciudad.

En este sentido, se alertó sobre las condiciones de detención en las alcaldías: “espacios diseñados para encarcelamientos de no más de 72 horas, sin ventilación, con dotaciones sanitarias mínimas y en condiciones de hacinamiento”.