ESCUCHARLa Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados comenzó esta tarde una nueva reunión para continuar con el proceso de juicio político a los ministros de la Corte Suprema de Justicia, con una audiencia que contará nuevamente con el testimonio del exadministrador de ese tribunal Héctor Marchi, quien fue citado por segunda vez para ampliar su declaración en torno a las supuestas irregularidades en el manejo de la obra social de judiciales.
Al comenzar la reunión, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, informó que la legisladora de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña había pedido citar al titular de la Unión Personal Civil de la Nación, Julio Piumato, moción que fue aprobada, y dijo que será convocado junto a las autoridades del sindicato de trabajadores judiciales.
La comisión también votó pedir una ampliación solicitada por la diputada Vanesa Siley sobre la Obra Social del Poder Judicial.
La nueva audiencia comenzó con el testimonio de la jueza federal de San Martín (Buenos Aires) Martina Forns, quien relató la difícil situación que pasó en la pandemia en la obra social.
Posteriormente, está previsto el testimonio de Marchi, quien sería hoy el principal expositor de la reunión que se realiza en la sala 227 del Anexo A de la Cámara baja.
Si bien Marchi, recientemente desplazado administrador del máximo tribunal, expuso hace dos semanas ante los diputados que integran la comisión, la extensión de su presentación impidió que legisladores de la oposición formularan preguntas y sólo pudieron llevarse adelante las consultas del bloque del Frente de Todos (FdT).
Marchi había sido citado nuevamente para continuar su exposición el pasado miércoles, pero como ese mismo día fue convocado a prestar declaración ante el juez federal Ariel Lijo en la causa por el manejo de los fondos de la obra social del Poder Judicial, su presencia ante la comisión fue reprogramada.
Marchi, quien en su anterior exposición ante la comisión, el martes 25 de abril, y tras el polémico desplazamiento de su cargo, denunció ante los legisladores una «sanción encubierta» y «amenazas» contra funcionarios de los tribunales.
En sus declaraciones, Marchi fue muy crítico del juez Juan Carlos Maqueda, de quien dependía la obra social, y planteó que «no había presupuesto ni un sistema informático para poder hacer los controles».
Declaró que «cualquier movimiento en la obra social debían ser autorizadas por Maqueda» y que Aldo Tonón fue designado a propuesta de ese magistrado.
