ESCUCHARUn camarista jubilado de Villa Dolores denunció en los últimos días al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, por abuso de autoridad con motivo de la sanción de la ley 9504 de emergencia previsional, que recorta jubilaciones y modifica el sistema de cálculo de esos haberes.
El escrito de nueve páginas al que tuvo acceso Comercio y Justicia fue presentado por el ex presidente de la Cámara en lo Criminal de la sexta sede judicial de Villa Dolores, Jorge Alberto Sappia Obregón, ante el fiscal de esa ciudad, Emilio Andruet, quien rechazó el planteo al declararse incompetente.
La denuncia fue girada entonces al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que deberá decidir la competencia del planteo de Sappia Obregón -quien ya hizo reserva de constituirse en querellante particular como damnificado directo-.
En la presentación se advierte que el gobernador de la Provincia incurrió en abuso de autoridad porque él en persona es quien pone en ejecución la ley sancionada en julio último. Entre las conductas que se le endilgan a Schiaretti figura la de disponer el descuento arbitrario de los sueldos de jubilados, utilizar arbitrariamente esos fondos, modificar el sistema de pago con una retribución en bonos a ocho años y establecer un interés por esa prórroga “irrisoria”.
En otro tramo, el camarista jubilado achaca al gobernador haber gastado dinero en una publicidad que tildó a los jubilados que sufrieron los recortes como de “privilegio”. Esta circunstancia también podría derivar en una querella por injurias, recalcó el denunciante.
Malversación
En el escrito también se solicita que se investigue qué fue lo que ocurrió con los $ 2.000 millones que la Nación giró a la Caja de Jubilaciones, que a criterio del ex camarista podría derivar en la figura de malversación de caudales públicos. También le reclamó a la autoridad judicial competente que evalúe el contenido de la ley de emergencia en su artículo 30, que prohíbe a los funcionarios cumplir órdenes judiciales que dispongan no descontar las jubilaciones. “Eso constituye una verdadera instigación a cometer un delito: la desobediencia a la autoridad”, remarcó Sappia Obregón.
Disparate jurídico
A criterio del denunciante, la ley 9504 y su aplicación constituye un “disparate jurídico”, teniendo en cuenta que “ignora los principios generales del derecho y hasta la propia Constitución”.
“No se trata sólo de inconstitucionalidad, se trata de un acto abusivo a todas luces, que un instante antes de ser inconstitucional, es típico. Porque esta Ley se ha dictado justamente para violar el sistema jurídico pertinente”, concluyó el denunciante.
