Incluirán los fueros Penal, Civil y Laboral. Se busca avanzar en la oralidad y en la digitalización de los tribunales. Se crearán nuevos juzgados del trabajo que atenderán a procedimientos especiales y abreviados. La puesta en marcha de la justicia vecinal, también en agenda
El año próximo tiene por delante la discusión en la Legislatura cordobesa de importantes reformas procesales que involucrarán los fueros Penal, Civil y Comercial y Laboral de la Provincia. Proyectos de ley ya fueron enviados por el gobernador Juan Schiaretti, quien ayer hizo el anuncio junto con su ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Angulo en un acto al que asistieron importantes personalidades del ámbito judicial.
La preocupación del gobierno de Schiaretti respecto a contar con una justicia más ágil, eficiente y al servicio de los ciudadanos no es nueva. Las necesidad de introducir reformas procesales estuvieron siempre en agenda pero sólo lograron concretarse -en algunos casos- de manera parcial e incipiente en el fuero Penal.
Las iniciativas legislativas irán acompañadas de un importante proceso de digitalización dentro de los tribunales. Sin ello, será difícil avanzar en un verdadero cambio.
El ministro Angulo aseguró a Comercio y Justicia que el propio Gobernador prometió los recursos que sean necesarios para que el Poder Judicial pueda continuar con el proceso de informatización, que deberá concluir en un expediente completamente digital.
El otro aspecto sobre el cual avanzará la reforma judicial cordobesa será la profundización de la oralidad de los procesos judiciales.
Entre los anuncios, Schiaretti prometió la creación de cinco nuevos juzgados del trabajo de primera instancia para la ciudad de Córdoba y tres en el interior, en las ciudades de San Francisco, Villa María y Río Cuarto.
Se implementarán dos nuevos procedimientos especiales, orales y abreviados que garanticen el derecho de defensa para aquellos tipos de juicios con alta verosimilitud en el reclamo y que no exigen un amplio debate ni mucho volumen de prueba, tales como despidos incausados, despidos directos por fuerza mayor, falta o disminución del trabajo, salarios en mora, despidos por falta de pago de haberes o derivados de la Ley de Riesgo del Trabajo. La apuesta es fuerte: en el caso de un juicio laboral, cuya duración hoy es de tres años y medio -promedio-, podrá rondar seis meses, precisó Angulo a este medio.
Los juzgados de Conciliación seguirán funcionando pero para causas más complejas, explicó.
Fuero Penal
En este caso, el proyecto de ley propone una reforma parcial al Código Procesal Penal para agilizar los procesos y establecer nuevos plazos fatales. Se impulsan dos cambios que seguramente generarán un importante debate.
Uno de ellos implica posponer la resolución de recursos interpuestos en la etapa de investigación penal preparatoria para su finalización.
Otro aspecto está vinculado con la transformación de plazos procesales, que hoy son ordenatorios para los jueces, a plazos fatales.
Los ordenatorios pasarán de tres a ocho y su incumplimiento puede ser motivo de que el magistrado sea sancionado por el Tribunal Superior de Justicia o el jefe del Ministerio Público, según corresponda, destacó el ministro.
Civil y Comercial
Tal como había adelantado este medio, el proyecto del Ejecutivo en materia del fuero Civil y Comercial incluye la modificación de la actual ley de mediación (N° 8858), implementando la Mediación Prejudicial obligatoria en las causas civiles. Se pretende con esta propuesta lograr un cambio de paradigma en los ciudadanos y actores del sistema, que implique pasar de la litigiosidad a la solución del conflicto por “métodos no adversariales”.
También se busca avanzar en un cambio de paradigma en la manera como se distribuyen las tareas en los juzgados civiles. Tal como ocurre en otros fueros, se creará una “Oficina de Gestión Judicial” (OGJ) dentro de la estructura del fuero Civil, que asuma responsabilidades relativas al trámite de la causa. El juez seguirá siendo quien “controle” y resuelva los recursos de reposición e incidentes de nulidad que deduzcan las partes; y se lo releva de la firma de los decretos de trámite.
Asimismo, se proyecta la implementación de una prueba piloto de oralidad, con un procedimiento que amplía las facultades del juez para delimitar los hechos y la prueba. En una audiencia preliminar también se contempla una complementaria en la cual se concentra la producción de la prueba en forma oral, los alegatos y la sentencia.
Se incorporará el Proceso Monitorio al fuero Civil y Comercial para aquellos casos en los que la verosimilitud del reclamo es alta y tenga sustento documental fehaciente.
En otro orden y con el objetivo de transformar el procedimiento Civil y Comercial en un proceso más ágil y eficaz, se reordenarán las impugnaciones y los recursos.
Justicia vecinal
Por último, está prevista la creación de la denominada justicia vecinal, destinada a conflictos de menor gravedad.
El juez de Paz Letrado Vecinal tendrá jurisdicción territorial en barrios o localidades y se apoyará en el Expediente Digital. Podrá atender a casos referidos a la vecindad o medianería así como en torno a derechos del consumidor o de usuario.
