ESCUCHAREl Tribunal Oral Federal 4 -integrado por Néstor Costabel, Gabriela López Iñíguez y Adriana Palliotti- condenó a Lázaro Báez a 12 años de prisión por el lavado de unos USD 55 millones, en el marco de la causa conocida como “la ruta del dinero K”.
En tanto, al hijo mayor del empresario, Martín, le impuso nueve años, y al abogado Jorge Chueco y al contador Daniel Pérez Gadín ocho.
A Leonardo Fariña el sentenciante decidió aplicarle la sanción de cinco años, pero por su rol como arrepentido colaborador la redujo a tres.
A principios de 2013, las personas físicas y jurídicas supuestamente involucradas en la maniobra fueron denunciadas por el periodista Jorge Lanata en su programa Periodismo para Todos.
El juez Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuán quedaron a cargo de la pesquisa, pero como este último estaba de licencia, el agente Ramiro González comenzó la instrucción hasta que su colega volvió a su despacho.
Los primeros pasos que se dieron en la causa generaron polémica; en especial, por el rol de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), en ese entonces a cargo del fiscal federal cordobés Carlos Gonella, quién dejó la dependencia en abril de 2016, poco después de la detención de Báez y procesado por prevaricato.
En dos años y cuatro meses de debate declararon casi 100 testigos, renunciaron abogados, se sumaron dos acusados y salieron de la cárcel con el beneficio de la domiciliaria Báez, Chueco y Pérez Gadín. Actualmente, el único detenido es Martín Báez.
Hecho precedente
Cabe recordar que durante su alegato el fiscal Abel Córdoba habló de la defraudación mediante la obra pública -que se juzga en la causa de “Vialidad”, en la cual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner es acusada- y de la evasión impositiva de Austral Construcciones, que todavía se investiga en Bahía Blanca y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sin embargo, el tribunal no citó ninguno de esos delitos como hecho precedente.
Durante el último tramo del debate, la defensa de Báez denunció “una operación de inteligencia estatal y paraestatal” con participación de “todos los medios de comunicación” y sostuvo que la causa tenía objetivos políticos.
También intentó desacreditar el testimonio de Fariña, pero el fiscal Córdoba y las tres querellas -la Oficina Anticorrupción, la Unidad de Información Financiera y la Administración Federal de Ingresos Públicos- derrumbaron esa estrategia.
