ESCUCHAREl juez federal Sebastián Casanello decidió que la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner seguirá bajo investigación en el marco de la causa conocida como “ruta del dinero K”.
Lo hizo tras un pedido concreto de la Cámara Federal para definir la situación procesal de Cristina y de otros dos encausados que tienen falta de mérito.
“En este estado de la pesquisa, concuerdo con el representante del Ministerio Publico Fiscal al considerar que aún no se encuentra agotada la instrucción, no sólo por los pedidos de colaboración en curso ante autoridades extranjeras sino también en atención a las nuevas diligencias encargadas”, sostuvo Casanello.
Cabe recordar que hace dos semanas el fiscal Guillermo Marijuan planteó que la investigación todavía no estaba cerrada y le pidió al juez nuevas medidas de prueba.
En cambio, las querellas -la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Unidad de Información Financiera (UIF)- se manifestaron a favor de cerrar la etapa de instrucción, ya sea con un sobreseimiento o un procesamiento.
La vicepresidente tiene falta de mérito desde 2018.
No obstante, a mediados de septiembre pasado, la Sala II de la Cámara Federal le ordenó a Casanello dictar una definición sobre las situaciones procesales de la encartada y de otros encausados, a saber: Juan Pedro Damiani Sobrero (el ex titular del club Peñarol de Uruguay) y Antonio Demarco, un intermediario en la compra del campo El Entrevero.
“Cuadernos”
Casanello coincidió con el fiscal en que aún faltan pruebas y lo hizo extensivo a los tres imputados.
Damiani fue indagado por movimientos bancarios registrados en una cuenta de Helvetic Services Group SA en el banco LGT de la ciudad de Vaduz, Principado de Liechtenstein, por US$3.302.091. Esos fondos luego fueron girados al Citibank suizo. “No se ha logrado desestimar la sospecha de que el encartado haya administrado fondos vinculados a Báez, más aún teniendo en cuenta la relación laboral que mantenía con Néstor Marcelo Ramos”, sostuvo Casanello.
En el caso de Demarco, le reclamo a la UIF que, entre otras cosas, busque más datos sobre la compra del campo en Uruguay y sobre el rol que habría tenido el imputado.
La “ruta del dinero k” es la única causa en la que Cristina Fernández fue llamada a declarar y no terminó procesada.
En tanto, le pidió al Juzgado Federal 11, a cargo de Julián Ercolini, que le envíe toda la información relativa al cruce de llamadas agregado a la causa “cuadernos”.
Según esa prueba, aportada en su momento por la UIF, Lázaro Báez utilizó dos líneas telefónicas para comunicarse con Ernesto Clarens, José López, Roberto Baratta, Ricardo Jaime y “con los abonados vinculados a la Presidencia de la Nación”.
En este último caso menciona a varios ex secretarios, como Fabián Gutiérrez, Roberto Sosa, Juan Alarcón, Daniel Álvarez y Ricardo Barreiro.
También le solicitó Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 una copia de un peritaje realizado al celular del ex secretario de Obras Públicas, López, de la cual surgirían los números utilizados por el empresario patagónico.
En 2018, Casanello ya había ordenado un entrecruzamiento de llamadas entre la ex presidente, Báez, y los secretarios privados y colaboradores de ambos.
El estudio era sobre 15 líneas asignadas al despacho presidencial y la Secretaría Privada en la Casa Rosada; 20 a la Residencia de Olivos, y 33 a colaboradores y secretarios privados de Cristina Fernández.
Entre las nuevas medidas, Casanello le solicitó ahora a la Secretaría General de la Presidencia que informe si de sus registros surge el ingreso de Báez o de alguno de los coimputados a la Casa de Gobierno, en el período comprendido entre octubre de 2010 y abril de 2013.
La “ruta del dinero K” es la única causa en la que Cristina Fernández fue llamada a declarar y no terminó procesada.
Comenzó a instruirse en abril de 2013, a partir de un informe del programa Periodismo para Todos (PPT), y apuntó a la red de cuentas bancarias abiertas en el exterior y a la maniobra, mediante la compra de bonos, para reingresar el dinero al país, justo cuando Báez necesitaba capitalizar su empresa para quedarse con la construcción de dos represas en Santa Cruz.
En el juicio oral, Báez fue condenado en febrero a 12 años de prisión. También recibieron condenas sus cuatro hijos, su ex contador Daniel Pérez Gadín, el abogado Jorge Chueco y Fabián Rossi, entre otros.
Luego de las apelaciones, la definición quedó en manos de la Sala IV de la Cámara de Casación.
