ESCUCHARA dos semanas de que un tribunal de Moscú, Rusia, condenara a la plataforma china de videos TikTok a pagar una multa de 34 mil dólares por no suprimir publicaciones que invitaban a sumarse a marchas en apoyo al opositor Alexey Navalny, actualmente privado de su libertad, hay manifestaciones en ciudades de todo el país y las autoridades ya encarcelaron a más de 900 personas.
Miles de rusos salieron a las calles para exigir la liberación de Navalny, cuya salud, comprometida por el envenenamiento que sufrió el año pasado, se deterioró en prisión, por las condiciones de su encierro y por la huelga de hambre que lleva a cabo.
Horas antes de que comenzaran las protestas, la Policía rusa privó de su libertad a dos aliadas de Navalni: su “número dos”, Liubov Sóbol, y su portavoz, Kira Yarmish.
El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, calificó como “deplorable” lo sucedido.
Las movilizaciones más concurridas se registraron en ciudades de Siberia, donde se visualizaron carteles con leyendas tales como “Libertad a Alexéi Navalny” y “Fuera el zar”.
En Moscú y San Petersburgo la gente también salió a las calles y desafió el autoritarismo de Vladimir Putin, cuyos funcionarios advirtieron, días antes, que tomarían medidas si se hacían marchas no autorizadas.
Recientemente, la Justicia rusa sancionó a TikTok por no suprimir posteos convocando a protestas.
La decisión configuró un nuevo episodio en las tensiones entre las autoridades rusas y los gigantes digitales.
Antes, otro juez moscovita le impuso sanciones pecuniarias a Twitter; concretamente, tres, por un total de 116.700 dólares, por la misma razón.
Navalny, el principal disidente ruso, está preso en una colonia penal en Pokrov, 100 kilómetros al este de Moscú, una de las más duras del país.
En agosto de 2020 cayó en coma súbitamente, en Siberia, y fue trasladado a Alemania para ser hospitalizado.
Su entorno alegó que fue envenenado por orden del Kremlin y varios laboratorios europeos ratificaron esa hipótesis, al detectar rastros de un agente neurotóxico (Novichok), desarrollado en la era soviética.
Una vez que los médicos le dieron el alta inició su proceso de recuperación, tras el cual regresó a Rusia, el 17 de enero. Ese día fue detenido en el aeropuerto Sheremetievo, tras arribar en un vuelo procedente de Berlín.
Luego, la Justicia le impuso tres años y medio de cárcel por incumplir los términos de su libertad condicional al salir del territorio.
Se trató de la reimposición de una sanción por malversación de fondos que había sido suspendida en 2014.
En febrero, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) le reclamó al gobierno de Vladimir Putin la liberación de Navalny.
En un comunicado, indicó que de conformidad con la Regla 39 del Reglamento del organismo el político debe recuperar su libertad.
Entre otras precisiones, el documento explica que como país firmante de la Convención Europea de los Derechos Humanos, Rusia tiene la obligación de respetar la resolución.
No obstante, el ministro de Justicia de Putin, Konstantín Shuichenko, declaró que la petición contradice la legislación rusa y que no se puede cumplir.
En tanto, en marzo, Estados Unidos y la Unión Europea (UE) presionaron para que se pusieran en marcha represalias contra Rusia por el envenenamiento y posterior detención de Navalny.
La Administración de Joe Biden anunció sanciones a siete miembros del Gobierno de Putin y la UE hizo lo propio contra cuatro altos cargos.
Las decisiones implican que no podrán acceder a sus activos financieros y de todo tipo y la prohibición ingreso a territorio estadounidense y de la UE.
Washington adelantó que también introducirá controles y aplicará penalizaciones sobre entidades involucradas en la producción del agente biológico utilizado para atacar a Navalny, en virtud de la Ley de Control de Armas Biológicas.
El ex presidente Donald Trump rehusó culpar directamente a Putin por el caso Navalny. Cuando se registró el ataque químico contra el doble agente Sergei Skripal, en 2018, sí replicó las medidas tomadas por sus aliados.
Navalny, de 44 años, es abogado y activista y el principal crítico del Kremlin. La Fundación Anticorrupción que dirige sacó a la luz casos que involucran a altos funcionarios de Putin.
Omsk
Cuando fue envenenado, el opositor fue llevado a un hospital luego de que el avión en el que viajaba aterrizara de emergencia en Omsk. La noticia la difundió su vocera, por Twitter.
La mujer -ahora detenida- precisó que se descompensó y afirmó que habría sido envenenado con alguna sustancia añadida a su té.
“Los médicos dicen que la toxina se asimiló más rápido con un líquido caliente”, añadió Yarmish. Las autoridades del hospital de Omsk no dieron precisiones sobre su diagnóstico y solo dijeron que estudiaban varias posibilidades.
Según Yarmysh, en un primer momento, le legaron el ingreso a la esposa Navalny. También denunció que rechazaron los pedidos de la documentación necesaria para trasladar al dirigente a un hospital europeo, en vista de las restricciones a la circulación por la pandemia.
El médico de Navalny, Yaroslav Ashikhmin, logró llevarlo a Alemania.
La viuda de Alexander Litvinenko, el espía ruso que fue asesinado en Londres en 2016 con una sustancia radiactiva, dijo que temía que los enemigos de Navalny hubieran definido que ya era tiempo de matarlo. “Quizás decidieron emplear una nueva táctica de no pararlo solo con un arresto, sino con veneno”, afirmó la mujer, que está radicada en Italia.
Amnistía Internacional (AI) pidió una investigación rápida e independiente sobre las causas de la hospitalización de Navalny, algo que no sucedió.
Acoso
Al igual que otros políticos opositores rusos, Navalny fue detenido numerosas veces por la policía y sufrió acoso por parte de grupos oficialistas.
En 2017 fue atacado por varios hombres, que le arrojaron un antiséptico en la cara y le provocaron lesiones en un ojo.
En 2019 fue llevado de urgencia a un hospital desde la prisión en donde cumplía una pena por una contravención. Pese a que los médicos dijeron que fue internado por una alergia grave, sus allegados afirmaron que fue envenenado.
