ESCUCHAREn la provincia de Santa Fe, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de Rosario condenó a cinco años de prisión a Guillermo Camarasa por balear la sede de los tribunales federales de la ciudad en la madrugada del 28 de septiembre de 2022.
“La finalidad del accionar desplegado por Camarasa fue la de infundir temor tanto a los miembros del Poder Judicial de la Nación como a la sociedad en su conjunto”, sostuvo el sentenciante, Mario Gambacorta.
La condena fue dictada en el marco de un acuerdo de juicio abreviado al que arribó la defensa del acusado con el Ministerio Público Fiscal (MPF), representado por Federico Reynares Solari, Javier Arzubi Calvo y María Virginia Sosa.
Camarasa, quien está detenido en el Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz, fue condenado por intimidación pública en concurso real con portación de arma de fuego, agravado por registrar antecedentes por delitos dolosos.
Además, el tribunal unipersonal le impuso la pena accesoria de inhabilitación absoluta por igual tiempo de la condena y mantuvo su declaración de reincidente.
No obstante, lo absolvió por el delito de amenazas.
“Lo acordado por las partes se encuentra razonable y objetivamente acreditado por las constancias de la causa en la etapa de instrucción; es decir, que Camarasa efectuó disparos contra la garita de seguridad del edificio”, precisó el juez, y sumó que el encausado reconoció expresamente que cometió el hecho.
“Haber disparado un arma contra un edificio afectado al funcionamiento del Poder Judicial de Nación constituye un medio idóneo para generar el temor público que el tipo penal en análisis requiere”, indicó al analizar la aplicación de la figura de intimidación pública.
“La intencionalidad se hace presente no sólo a través de los daños materiales causados sobre un edificio público, sino también se manifiestan de manera simbólica, toda vez que el objeto sobre el que recae el ataque, consiste precisamente en un sitio donde se desenvuelve y funciona parte del poder estatal cuya misión esencial radica en el juzgamiento de los hechos ilícitos que afectan los intereses del Estado Nacional”, añadió el magistrado.
Gambacorta afirmó que lo sucedido cobra mayor relevancia por “la coyuntura que atraviesa la ciudad de Rosario”, en la que se dieron diversas situaciones de balaceras y ataques en diferentes edificios nacionales, provinciales y privados, perpetradas con la finalidad de intimidar y/o amedrentar a la población.
Paralelamente, postuló que, aunque no se halló el arma de fuego, sin dudas el acusado la portó.
En esa línea, indicó que el informe confeccionado por la Unidad Antiterrorista de la Policía Federal determinó que el ahora penado no tenía autorización para portar armas de fuego expedida por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC).
