La ex funcionaria, quien fue destituida, cobrará más de 10 millones de pesos. El tribunal tomó en cuenta la sobrecarga de tareas que afrontó, los extensos períodos en los que estuvo de turno y el hecho de que la dejaran a cargo de otros juzgados
“Debe tenerse por acreditada la existencia de relación de causalidad entre el trabajo cumplido y el daño padecido por la actora y, por la tanto, corresponde reconocer su derecho al resarcimiento debido, teniendo presente que ante la existencia de una discapacidad cabe su debida reparación, toda vez que es claro que esa minusvalía no solo repercutirá en la esfera económica de la víctima, sino también en diversos aspectos de su personalidad que hacen al ámbito doméstico, cultural y social, con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida”.
Bajo esa premisa, la Cámara del Trabajo de Cipolletti admitió la demanda de una jueza y responsabilizó a la Provincia de Río Negro por el estrés que padeció la funcionaria como consecuencia de las situaciones de presión a las que se vio sometida en su ámbito laboral.
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