La Cámara Federal de Córdoba revocó, por mayoría, el sobreseimiento dictado a ocho imputados que habrían participado, con conductas omisivas, en el ocultamiento ilegal de mercadería ante el servicio aduanero y dictó sus procesamientos, “en razón de existir elementos de prueba suficientes que permiten acreditar con el grado de probabilidad requerido (…) su intervención en los 25 hechos imputados y que autorizan a concluir en la presunta responsabilidad en los delitos de contrabando documentado”.
Los imputados -integrantes de la empresa Surveyseed Services SA- David Lacroze (h), David Lacroze (p), Guillermo Ball, José Berra, Ignacio Laplacette, Gustavo Toledo y Sebastián Mendive, dedicados a la actividad de inspección y certificación de importaciones y exportaciones, habrían confeccionado certificados omitiendo el control del verdadero valor de las mercaderías, lo que habría permitido oficializar las operaciones para la firma Dolpe Import SA y Dolpe Enterprise SRL y obtener un tratamiento aduanero y fiscal más favorable, lo que perjudicó el Fisco nacional y motivó “una importación ilegal de mercadería”, según consideraron establecido los jueces de Abel Sánchez Torres, Octavio Cortés Olmedo y Luis Roberto Rueda (éste, en disidencia), de la Sala B.
“La empresa inspectora no podría haber sido víctima del engaño del importador, tal como sostuvo el Inferior, porque justamente de acuerdo con su actividad y cumplimiento de la normativa su tarea consistía como inspectora en controlar los precios de la mercadería a importar en el lugar de origen”, prosiguió el fallo, añadiendo que “el incumplimiento voluntario de las obligaciones legales por parte de los imputados constituiría un aporte causal al contrabando imputado, toda vez que con estas omisiones se posibilitó la comisión del delito”.
