La Cámara de Acusación de Córdoba revocó la orden de desalojo contra un grupo de familias que se habían asentado en predios de Juárez Celman, y ordenó profundizar la investigación.
El fiscal de instrucción Carlos Matheu había ordenado el desalojo tras imputar por usurpación a más de 200 personas. Esa orden fue ratificada por la jueza de Control y por apelación de los abogados de los imputados llegó a la Cámara. En voto dividido, el tribunal ordenó que no se concrete el lanzamiento y por lo tanto las familias podrán continuar asentadas allí. Para los camaristas, fue determinante la inexistencia de elementos que demostraran la posesión de la empresa Urbanor que se dice dueña de las tierras.
“Lo que está acreditado en autos es que el inmueble que fue ocupado por los imputados no ostentaba ninguna señal que mostrara que estuviera siendo poseído por alguien, o que alguien, al momento del hecho, ejerciera su tenencia. El inmueble no estaba alambrado ni había otros signos que sirvieran siquiera para demarcar sus límites, y el supuesto cuidador que tras los hechos efectúa la denuncia, no tenía ubicada su precaria vivienda dentro del inmueble usurpado, sino a unos 50 metros de él (conf. los propios dichos del testigo Casalegno a fs. 7 y 781/782) (…) Para poder avanzar en dirección al mérito sustantivo exigible para el dictado de una medida como el lanzamiento o el desalojo, el señor fiscal de instrucción deberá, por tanto, profundizar la investigación en lo que atañe a este punto”.