Resuelven despido laboral en un trámite abreviado

El juez de Conciliación de Villa María tuvo en cuenta el “actuar evasivo” del demandado tanto en la faz extrajudicial como en la judicial, y subrayó los derechos constitucionales en juego. [privado] En un trámite abreviado, el juez de Conciliación de Villa María, Marcelo Salomón, condenó a un empleador a pagar a su ex empleado los rubros integrantes de la liquidación final y los derivados del despido sin causa, más intereses. El magistrado tuvo especialmente en cuenta el “silencio” exhibido por el demandado, que no negó los hechos ni el derecho invocado por el demandante y que tampoco recurrió el carácter sumario impreso al proceso, que originariamente había sido planteado por el trabajador mediante la solicitud de una “medida autosatisfactiva” o tutela judicial anticipada. En el primer decreto, el juez esgrimió que las medidas autosatisfactivas no estaban previstas en el Código Procesal del Trabajo ni tampoco en el Código Civil y Comercial de Córdoba. No obstante, admitió formalmente el pedido del demandante y, para asegurar la garantía del debido proceso, corrió traslado de la demanda durante tres días, con copia de la totalidad de la prueba documental ofrecida, para que el demandado fijara su postura y para que ofreciera prueba. Al mismo tiempo, el magistrado precisó que, en el caso de que no se llegara a una conciliación, dictaría en forma inmediata una resolución definitiva sobre el fondo de la cuestión. Resolución Fracasada la conciliación, en la sentencia el juez aclaró que no se trataba de una respuesta “anticipada” sino de una resolución que “establece de manera definitiva la procedencia de los derechos que se han reclamado, luego de haberse cumplido las etapas de un proceso contradictorio”. Afirmó el magistrado: “Más claramente: esta decisión judicial ‘ejecuta’, ‘hace efectiva’ y ‘torno judicialmente irrefutable’ el derecho del demandante a percibir salarios e indemnizaciones que por ley le corresponden y cuya injustificada demora en percibirlos acarrea una fragrante y arbitraria violación –en los hechos- a varios derechos constitucionales que, como trabajador y ciudadano, le confiere la Carta Magna”. Salomón ponderó, en particular, el “actuar evasivo” del demandado, tanto en la fase extrajudicial como en la judicial, lo que “denota la falta de predisposición patronal para plasmar lo que dijo que iba a cumplir, una actitud renuente a saldar la obligación impuesta por la ley de fondo y un errático actuar procesal”. En la misma dirección, el magistrado enfatizó que el “compacto silencio” del demandado puso de manifiesto “una falta total de negación de hechos y derechos, un inexplicable mutismo procesal frente al reclamo del trabajador, consecuencia de su propio proceder como empleador (decisión patronal de despedir sin causa)”, con lo cual “no sólo abandonó su oportunidad procesal de defensa, sino que además se hizo acreedor de los apercibimientos procesales que el sistema preestablece para tal actitud”. Urgencia El juez también cifró la procedencia de la vía procesal intentada en la circunstancia de que el demandante, “repentina e ilícitamente, se vio privado de la tutela económica que la Constitución Nacional le concede para resguardar parte de sus derechos que hacen, en el día a día, a la materialización de su proyecto vital personal y familiar”. Y argumentó: “Las condiciones económico-sociales particulares del actor y de su grupo familiar, sumadas a las constantes contingencias económicas actuales imperantes en el país, hacen traslucir el potencial riesgo de que una demora en la materialización de su derecho de propiedad puede acaecer, lo que justifica sobradamente la naturaleza procesal que se ha impulsado al reclamo pedido”. Finalmente, el magistrado insistió en que la salida procesal intentada estaba marcada por la naturaleza constitucional de los derechos en juego. “Luce cierta, manifiesta e indubitable, en cuanto a titularidad, cuantificación y ejecutividad, esta fracción económica del derecho de propiedad que el actor reclama le sea abonada. Concretar ‘en tiempo’ su pago es uno de los deberes de la judicatura laboral. Esto implica hacer efectiva la manda contenida en el artículo 18 de la Constitución, la que no solamente adjudica al ciudadano la facultad de ‘acudir a la justicia’ para hacer valer su petición, sino también la que impone que dicha protección judicial recaiga en ‘momento oportuno’, para que el pronunciamiento devenga útil, eficaz. Así se aporta a una respuesta institucional adecuada a una situación de arbitraria indefensión”, concluyó. El caso tuvo como origen la demanda presentada por un empleado, padre de tres hijos, con una suegra discapacitada a su cargo, que se desempeñó como chofer entre el 16 de diciembre de 2013 y el 15 de febrero pasado, ocasión en la que fue despedido sin causa mediante telegrama colacionado. En dicha ocasión se le notificó que debía presentarse ante un estudio contable para percibir sus indemnizaciones, lo que fue ratificado mediante otro telegrama cinco días después. Como tal circunstancia no sucedió, promovió la causa. Autos: “Jara, Gustavo Javier C/Duarte, Miguel Angel” – Medidas Cautelares”.

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