ESCUCHARLa Justicia rechazó la segunda cautelar que presentó la Universidad Madres de Plaza de Mayo contra la decisión del Ministerio de Capital Humano de establecer un proceso de revisión de la creación e inicio de actividades académicas de las nuevas cinco instituciones universitarias aprobadas por el Legislativo en septiembre de 2023.
Hasta ese momento, aquélla funcionaba como “Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo”. Lo fundó la fallecida Hebe de Bonafini, con la colaboración de Sergio Schoklender, y tenía una deuda multimillonaria.
La resolución de la ministra Sandra Pettovello suspendió el inicio de las actividades académicas de las casas de altos estudios para determinar si el procedimiento administrativo exigido por la Ley de Educación Superior para crear nuevas universidades fue debidamente cumplido. En ese marco, se suspendió el giro de fondos.
La jueza federal en lo Contencioso Administrativo Rita María Ailan también falló a favor del planteamiento de Capital Humano de dejar sin efecto la designación como rectora de la denominada “Universidad de las Madres” a la abogada Cristina Caamaño Iglesias Paiz; ello así, porque las elecciones en asamblea fueron realizadas dos meses antes de que el Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo fuese elevado a la categoría de Universidad Nacional.
A su turno, la cartera de Pettovello, bajo cuya órbita funciona la Secretaría de Educación, recordó que durante la gestión del anterior gobierno se le advirtió a Caamaño que no podía celebrar comicios porque no había una resolución ministerial de puesta en marcha de la universidad.
La titular del Juzgado N° 4 en lo Contencioso Administrativo tomó como válidos los argumentos de la subsecretaria Legal de Capital Humano, Leila Gianni, y del Director General de Asuntos Jurídicos de la cartera, Ariel Romano, en el marco de la medida cautelar autónoma.
Cabe recordar que en julio de 2017 el gobierno de Mauricio Macri intervino el Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo, por la decisión de Bonafini y de Schoklender de cambiar el objeto social de la ONG Fundación Madres de Plaza de Mayo, de la cual dependía el centro de estudios, por el de la construcción, con el proyecto Sueños Compartidos a la cabeza, que derivó en un escándalo multimillonario de deudas y denuncias de corrupción.
