ESCUCHARLa Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas de la Cámara Baja recibió a la Unión Industrial Argentina (UIA); a la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA); a la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), entre otras entidades.
El primero en exponer fue Diego Leal, de la UIA, quien realizó un diagnóstico sectorial y subrayó la necesidad de una nueva ley para las pymes que “sea superadora”.
“Hay condiciones necesarias pero no son suficientes, necesitamos seguridad jurídica, un Estado competitivo”, dijo.
Aclaró que en el tema tienen que ver “los tres estados” porque “cargan su ineficiencia a través de impuestos y tasas”.
A su vez, destacó los desafíos estructurales que afronta el sector, como la alta carga impositiva y burocrática; el bajo acceso al financiamiento; el escaso nivel de exportaciones y las normas laborales vigentes que, según subrayó, “no se condicen” con la pequeña y mediana empresa.
A su turno, Silvia Sioli de Torres Carbonell, de ASEA, calificó como “obvio” que se requieren “más y mejores empresas”.
En esa línea, afirmó que las pymes necesitan recreación e innovación y que las que existen precisan que se saquen “las piedras de su camino”.
Recordó que hay más de 40 mil emprendedores de todos los rubros y escalas, desde “lo más tecnológico” hasta “el que hace empanadas”, y enumeró los cinco puntos de compromiso en la campaña “1 millón de empresas x 1 millón de nuevos empleos”: una moneda fuerte y estable; resolver juicios laborales; menos trámites e impuestos; desregulación económica y defensa de la competencia.
En tanto, Natalio Grinman, presidente CAC, apuntó a las excesivas regulaciones y dificultades para acceder al financiamiento y a “la industria del juicio” que llevan a la quiebra a las pymes
“La justicia trata de proteger al trabajador, pero no está teniendo en cuenta que cuando cierra una pyme están quedando fuera del sistema el resto de los empleados. La lógica y el criterio tienen que ser mucho más importantes que las frías leyes”, aseveró.
Bloquear la “industria del juicio” es uno de los objetivos de la dirigencia pyme.
El 25 de enero pasado, luego del paro general convocado la Confederación General del Trabajo (CGT) en el marco de bruscas caídas en el consumo y de la industria pyme, el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Alfredo González, planteó la necesidad de avanzar con un plan de modernización laboral.
“Los empleados no son una unidad de ajuste de una empresa, ni tampoco deben ser una unidad de fundición, que tomar un empleado resulte una complicación enorme por las leyes laborales que tenemos, que dan asilo a la industria del juicio. Tenemos que bloquear la industria del juicio sin afectar el derecho adquirido del trabajador”, sostuvo.
Lo hizo en una entrevista con Newsweek Argentina, durante la cual aseguró también que “contratar a un empleado tiene que ser un premio y no un castigo”.
Por su parte, la CAC hizo un “llamado a reflexionar” sobre los dispares criterios con los que algunos sectores de la política y del sindicalismo protestan. Antes, reiteró su apoyo a la reforma laboral que contiene el DNU 70/23.
“Los cambios que se impulsan en materia laboral propiciarán la creación de más puestos de trabajo, en empresas ya existentes y nuevas a conformarse”, aseveró.
Cabe recordar que la CAME, la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO), se presentaron ante la Corte Suprema y manifestaron su apoyo a la reforma laboral decretada por Milei. Lo propio hicieron otras entidades.
“A partir de la declaración de inconstitucionalidad del Título IV (artículos 53 a 97) del DNU por parte de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, y encontrándose en estudio por parte de la Corte, las tres entidades empresarias expresan la necesidad de derogar todos los artículos que contemplan multas económicas y que son los principales generadores de la litigiosidad laboral en la República Argentina (artículos 8, 9, 10 y 15 de la Ley 24.013; 1 y 2 de la Ley 25.323 y 80 de la Ley 20.744, conforme el texto ordenado por la Ley 25.345)”, alegaron.
Según la CAME, la SRA y la CONINAGRO, los artículos en cuestión dificultan la generación de empleo genuino, al enfrentar a las pymes con la contingencia de afrontar una erogación que el negocio es incapaz de producir.
Sobre las multas, reiteraron que provocan una afectación económica de enorme relevancia, comprometiendo desproporcionadamente a las empresas.
“Medularmente se expuso que las multas de las leyes 24.013, 25.323 y 25.345 fueron el peor error de política legislativa en materia social y económica de la historia del derecho del trabajo en la Argentina, en tanto disuaden a los empleadores de contratar de un modo muy trascendente”, agregaron en un comunicado conjunto.
Que pongan en blanco a los trabajadores antes de quejarse.