ESCUCHAREl juicio oral y público por los fraudes cometidos en el Registro General de la Propiedad de la Provincia se reanudó ayer, luego de que el viernes último debiera suspenderse la audiencia por problemas de salud de uno de los acusados.
El debate comenzó con la declaración de Natalia Cerdá, una de las imputadas quien, junto a sus progenitores, está imputada de falsificar documentos registrales. Luego de solicitar al tribunal hacer uso del derecho de defensa, la mujer se hizo cargo de los hechos, aunque aclarando que actuó bajo la presión y la amenaza de su padre, Daniel Cerdá, ex empleado del Registro General.
Tal como lo hiciera durante la instrucción, Natalia explicó que comenzó a fraguar firmas cuando tenía 19 años por pedido de su padre, para que la tratara mejor y que lo hizo desde el año 2001 hasta el 2004, fecha en la que nació su primer hijo.
Consultada respecto de la cantidad de documentos que ayudó a falsificar, dijo que no podía dar esa precisión y agregó que desconocía que con su conducta pudiera estar perjudicando a otra persona. En este sentido, advirtió que no sabía lo que es una escritura, ni cuál es su finalidad.
Maniobras
Carlos Rodríguez, un empleado del organismo provincial que estuvo encargado de la observación y seguimiento de asientos registrales viciados fue clave para entender la magnitud de los hechos que se están juzgando y la modalidad utilizada por los estafadores.
El testigo advirtió que en el año 1997 comenzó a observar las primeras irregularidades con documentos que llevaban la firma y el sello de escribanos fallecidos. A partir del 2004, señaló que el patrón de falsificación cambió con escrituras fraguadas de profesionales que todavía estaban en actividad.
Explicó que las maniobras fueron avanzando y que por momentos desde el organismo se sintieron superados. Así, ejemplificó que en un protocolo notarial llegaron a detectar que el 60% de un tomo de 250 fojas había sido sustituido con folios adulterados. Nunca ví una maniobra de esas características, hasta sentimos el olor fresco del tomo porque lo habían hecho de nuevo, remarcó.
Y agregó: la situación era escandalosa, se llegó hasta el punto de que un juez civil ordenó la subasta de un campo con un documento que era falso, por suerte pudimos advertirlo antes.
Los fraudes no pudieron haberse concretado sin la connivencia de empleados del organismo provincial que tuvieron acceso a los protocolos, indicó el testigo, que se lamentó por la mala imagen que han adquirido todos los trabajadores de esta dependencia: no podemos ni identificarnos socialmente como empleados del Registro porque nos da vergüenza, el concepto general es que todos somos corruptos y no es así, concluyó.
Damnificado
Lucrecio Lanza Castelli es uno de los escribanos que resultó damnificado en el marco de este mega- proceso y, por ese motivo, prestó testimonial en la audiencia de ayer.
El profesional ratificó que la escritura del terreno de 600 metros en Villa Carlos Paz, motivo del debate, es apócrifa. Al observar el documento, advirtió que su firma fue imitada, el sello es falso y que las salvedades plasmadas en la escritura no corresponden a su puño y letra. Además, remarcó que el escrito está confeccionado con máquina de escribir cuando él ya utilizaba para realizar los documentos una computadora personal.
La audiencia culmin&
