ESCUCHARLa Comisión de Seguridad de la Legislatura debate un proyecto que propone medidas alternativas a la prisión preventiva y crea el Sistema Interdisciplinario de Gestión de Medidas Alternativas para supervisar detenciones cautelares
La Comisión de Seguridad de la Legislatura de Córdoba analiza un proyecto de ley que propone modificar el Código Procesal Penal provincial (Ley 8.123), con el objetivo de optimizar el régimen de detenciones cautelares y crear el Sistema Interdisciplinario de Gestión de Medidas Alternativas (Sigma), dependiente del Ministerio Público Fiscal.
La iniciativa, presentada por las legisladoras Nadia Fernández, Alejandra Ferrero y Karina Bruno, busca reducir la sobrepoblación carcelaria y aliviar el colapso del sistema penitenciario, que actualmente aloja a 15 mil detenidos, cuando su capacidad es de 11 mil.
La propuesta plantea modificar los artículos 286 (sobre detenciones cautelares) y 512 (detención domiciliaria), e incorporar los artículos 286 bis (directrices de concesión) y 286 ter (incumplimiento de obligaciones). Según sus fundamentos, la reforma se enfoca en personas no reincidentes, es decir, aquellas que ingresan por primera vez al sistema penal y por delitos menores.
Detención domiciliaria
La modificación del artículo 286 introduce la posibilidad de aplicar detención cautelar en el domicilio del imputado o en instituciones terapéuticas adecuadas, siempre que sea posible. Esta medida está orientada a proteger los derechos humanos consagrados en la Constitución Nacional, con especial énfasis en las personas mayores de 70 años, persons con discapacidad o enfermedades graves y mujeres embarazadas o responsables del cuidado de menores y personas con discapacidad.
Monitoreo y resocialización
El proyecto también impulsa la creación del Sistema Interdisciplinario de Gestión de Medidas Alternativas (Sigma), un órgano encargado de supervisar y coordinar las detenciones domiciliarias y otros mecanismos alternativos. La propuesta incluye el uso de tobilleras electrónicas con monitoreo en tiempo real y su provisión gratuita para imputados en situación de vulnerabilidad.
Además, el Sigma implementará programas de formación laboral, tratamiento psicológico y resocialización, con el fin de facilitar la reinserción de los imputados a la sociedad.
Beneficios económicos
La iniciativa argumenta que la detención domiciliaria y el monitoreo electrónico resultan más económicos para el Estado que la prisión preventiva. Además, se contempla la posibilidad de transferir el costo de los dispositivos a imputados que puedan pagarlos, garantizando subsidios para los más vulnerables.
Por otro lado, el proyecto asegura que la aplicación de estas medidas no afecta la protección de las víctimas, quienes serán informadas y escuchadas durante el proceso.
“Es una reforma ambiciosa que permitirá un sistema penal más eficiente, con énfasis en la seguridad ciudadana y en los derechos humanos”, expresó Nadia Fernández, presidenta de la comisión. Por su parte, Alejandra Ferrero destacó que esta modificación “aliviará el hacinamiento carcelario”, mientras que Karina Bruno calificó la reforma como “necesaria” para dotar a fiscales y jueces de herramientas adecuadas.
La Comisión de Seguridad prevé emitir un despacho definitivo en los próximos días, con el fin de avanzar hacia la sanción de esta reforma.
