ESCUCHARHace una semana, el Tribunal Supremo de Estados Unidos comenzó a analizar el alcance de la libertad de expresión en las redes sociales.
Según uno de los integrantes de la máxima instancia, la jueza Amy Coney Barrett, los casos que generaron los estados de Texas y Florida, gobernados por republicanos, es “un campo de minas”.
Lo que resuelva el Supremo de EEUU determinará lo que se entenderá por libertad de expresión en internet en el país.
Las causas “Moody vs NetChoice” y “NetChoice vs Paxton” tratan sobre dos leyes estatales promulgadas para eliminar la capacidad de moderación de las plataformas en las redes sociales.
Texas y Florida plantean que las redes son una plaza pública y que todos los usuarios tienen derecho a expresarse aunque sus manifestaciones sean cuestionables.
Las leyes HB 20 (de Texas) y SB 7072 (de Florida) se dictaron en 2021, por el modo, según su criterio, en que las compañías Facebook y X (por entonces, Twitter) “cancelaron” al ex presidente Donald Trump y a otros políticos y medios conservadores luego del ataque al Capitolio.
Al promulgar la ley HB 20, el gobernador texano Greg Abbott dijo que la libertad de expresión estaba “bajo ataque” en su estado. También sostuvo que hay “un movimiento peligroso de algunas empresas de redes sociales para silenciar las ideas y los valores conservadores”.
Como tanto en Texas como en Florida la Justicia respaldó las normas, los expedientes llegaron a la Corte Suprema.
La ley de Texas les prohíbe a las plataformas de eliminar contenido debido al “punto de vista” del usuario o al que expresa en un posteo determinado. La ley de Florida impone multas a las plataformas que veten de sus sitios a cualquier candidato a un cargo político en el estado.
The New York Times sintetizó las diferencias entre las legislaciones: detalló que la de Texas “prohíbe cierta censura de todos los oradores” y que la de Florida “prohíbe toda censura de algunos oradores”.
En tanto, precisó que ambas les quitan a las plataformas el poder de frenar el contenido que consideren inaceptable.
Según la demanda de grupos de la industria tecnológica, como NetChoice y la Asociación de la Industria de Computación y Comunicaciones (CCIA), las normas van más allá en la vida real, al imponerle a las firmas “hospedar el discurso discriminatorio o la apología del delito”.
NetChoice argumentó que los requisitos de las leyes equivalen a obligar a un periódico a publicar algo que no quiere (por ejemplo, un editorial contra su propia línea) y enfatizó que eso viola la libertad de expresión de las empresas.
Por su parte, los estados rechazaron ese razonamiento y postularon que solo tratan de controlar lo que sucede en plataformas que consideran un espacio público dentro de su jurisdicción.
La Corte Suprema aceptó examinar dos aspectos claves: el imperativo de publicar discursos aunque no quieran y los requisitos de transparencia.
Su decisión podría conocerse en junio, pero desde la primera audiencia, el pasado lunes 26 de febrero, hay expectativa, porque se abriría un nuevo capítulo en la interpretación y la aplicación de la Constitución (en particular, la Primera Enmienda, que garantiza la libertad de expresión) en la era digital.
Será la primera vez que la Corte se pronunciará sobre los derechos de la Primera Enmienda de las plataformas de medios sociales y, por lo tanto, sobre la forma y los contornos de la libertad de expresión en línea.
Por lo pronto, los medios estadounidenses dan por hecho que difícilmente la Corte bloquee ambas leyes en su totalidad, por los previsibles debates que habrá en torno a la distinción entre moderación y censura.
