Recurrieron prescripción de causa por abuso sexual a una adolescente

El juez del caso responsabilizó al único encausado, pero la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional dejó sin efecto su decisorio. El MPF alega que se vulneró el acceso a la Justicia de la denunciante La agente María Piqué presentó un recurso extraordinario para que la Corte Suprema intervenga en un caso de abuso sexual en contra de una adolescente.[privado] La funcionaria consideró que la decisión que anuló el fallo que condenó al único encausado por el abuso sexual de su sobrina vulneró el derecho de acceso a la justicia de la niña y comprometió la responsabilidad internacional del Estado argentino. Además, el 5 de agosto, la Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional (CNCC), integrada por los jueces Eugenio Sarrabayrouse, Horacio Dias y Daniel Morin, le remitió el expediente al tribunal de juicio para que declare extinguida la acción penal por prescripción. La causa se inició a raíz de la declaración que hizo la joven en Cámara Gesell en el marco de otra causa, en agosto de 2013. Allí contó que fue abusada sexualmente por su tío materno. Meses después, en febrero de 2014, ya en el marco de la instrucción, narró otra vez lo que le sucedió entre los 10 y 14 años. El hombre fue llamado a indagatoria en octubre de 2014 y en marzo de 2015 se requirió que fuera a debate por los delitos de abuso sexual simple y corrupción de menores. “El juez de la instancia anterior no afirmó que el delito fuera imprescriptible, sino que razonó correctamente que la mejor manera de acomodar los derechos legales y constitucionales en juego era computando el plazo de la prescripción a partir de que la víctima fue mayor de edad. La decisión de la Cámara, en tanto, abdica de su deber de ejercer el control de convencionalidad y en tanto anula una decisión que sí había realizado ese control, vulnera el derecho de acceso a la justicia de la niña y compromete la responsabilidad internacional del Estado argentino”. (Del recurso extraordinario promovido por la fiscal María Piqué). En junio de 2017, el Tribunal Oral en lo Criminal Número 27, a cargo de Jorge Romeo, lo responsabilizó por haber abusado de su sobrina en dos oportunidades y le impuso tres años de prisión en suspenso. El representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) durante el debate, Guillermo Pérez de la Fuente, había solicitado cinco años de prisión, mientras que la defensa planteó la prescripción, ya que desde la comisión de los hechos hasta el llamado a indagatoria habían pasado más de cuatro años. Principios Romeo consideró que, en pos de asegurar la dignidad de la mujer, prevenir y erradicar la violencia de género y el maltrato y abuso infantil, debía considerarse que la prescripción de la acción penal en delitos cometidos contra la integridad sexual en perjuicio de niños y adolescentes debe empezar a correr desde la medianoche del día en que la presunta víctima alcanzó la mayoría de edad, de acuerdo a las reformas que se realizaron en las leyes 26705 y 27206, en 2011 y 2015. El magistrado marcó que esas normas se dirigieron a adecuar la legislación penal, porque no podían invocarse mandas locales que se opusieran a principios de derecho internacional que regían desde mucho antes de que fueran cometidos los episodios investigados. El sentenciante resaltó, además, los derechos y compromisos asumidos por la incorporación de la Convención de Belém Do Pará y mencionó el debate parlamentario de la ley 26705, durante el cual se dijo que si existen conflictos entre los derechos e intereses de los menores de edad frente a otros igualmente legítimos, deberán prevalecer los primeros. Bajo esa premisa, valoró que con la prolongación del tiempo de prescripción se intentó paliar una evidente desventaja de la víctima frente a su agresor. Defensa La defensa recurrió el fallo y alegó que el a quo valoró y aplicó erróneamente la ley sustantiva al rechazar la prescripción. Por otra parte, aseguró que se había valorado arbitrariamente la prueba y que correspondía la absolución del acusado. El Máximo Tribunal Penal nacional admitió el planteo. Sarrabayrouse entendió que se daba un conflicto entre el principio de legalidad -donde se establece la irretroactividad de la ley penal- y la dignidad de la mujer menor de edad. De todas formas, sostuvo que la modificación posterior de las leyes penales vigentes al momento del hecho se encontraba alcanzada por la prohibición de aplicación retroactiva. El vocal consideró que se habían valorado correctamente las pruebas reunidas, pero en relación al argumento expresado en la sentencia sobre que la prescripción violaba las convenciones internacionales de los derechos de los niños, niñas y mujeres, expuso que los hechos, con independencia de su gravedad, no reunían las características que permitirían incluirlos en la categoría de “graves violaciones de derechos humanos”. Dias adhirió a esa solución y Morín coincidió, bajo sus propios argumentos. Posibilidades ciertas La fiscal Piqué repasó los detalles del caso y resaltó que la joven recién tuvo “posibilidades ciertas de acceder a la justicia” en agosto de 2013, cuando declaró en un ámbito judicial por otra causa. Para ese momento, ya habían transcurrido más de tres años del abuso y sólo faltaban pocos meses para que se cumpliera el plazo de la prescripción. La agente indicó que como consecuencia de la forma en que estaba previsto el régimen de prescripción para los delitos de abuso sexual contra menores, los hechos tenían un plazo de cuatro años, que comenzaba a contar desde el momento en el que sucedieron. La recurrente estimó que ya en ese momento la redacción era contraria a las obligaciones contraídas por el Estado, a implicar que una niña o adolescente contara con un plazo muy corto para acceder a la justicia. “La exigencia por parte del Código Penal conforme estaba entonces redactado, de que ocurra algún acto interruptivo en un plazo breve y cercano a los hechos, era una carga irrazonable que se imponía en la adolescente y en su mamá y demuestra desconocimiento de los efectos que la violencia sexual produce”, marcó. Aunque consideró que se habían valorado correctamente las pruebas, con relación al argumento expresado en la sentencia sobre que la prescripción violaba las convenciones internacionales de los derechos de los niños, niñas y mujeres, la Cámara expuso que los hechos, con independencia de su gravedad, no reunían las características que permitirían incluirlos en la categoría de “graves violaciones de derechos humanos”. “El juez de la instancia anterior no afirmó que el delito fuera imprescriptible, sino que razonó correctamente que la mejor manera de acomodar los derechos legales y constitucionales en juego era computando el plazo de la prescripción a partir de que la víctima fue mayor de edad. La decisión de la Cámara, en tanto, abdica de su deber de ejercer el control de convencionalidad y en tanto anula una decisión que sí había realizado ese control, vulnera el derecho de acceso a la justicia de la niña y compromete la responsabilidad internacional del Estado argentino”, afirmó. Por último, remarcó que la decisión de la Casación fue dictada después de seis años de proceso judicial, luego de que la víctima se sometiera a declaraciones en Cámara Gesell, a peritajes psicológicos y psiquiátricos. “Que todo eso haya sido en vano porque, a criterio de la Cámara, el delito estaba prescripto desde los comienzos de la investigación, implica una revictimización”, concluyó Piqué.[/privado]

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