ESCUCHARLa Cámara Federal rechazó el pedido de indagatoria de los funcionarios incriminados por
cohecho pasivo y dejó firme el archivo de las actuaciones. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas sostiene que hay prueba suficiente respecto del pacto delictual
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) recurrió el archivo de la causa “Siemens”, en la cual se investigaron presuntos acuerdos por sobornos celebrados por funcionarios públicos.
En febrero, Ariel Lijo, titular del Juzgado Federal Número 4, rechazó el pedido efectuado por el Ministerio Público Fiscal para citar a declarar a los incriminados por cohecho pasivo.
Lijo resolvió archivar las actuaciones argumentando que no se corroboró la efectiva recepción del dinero por parte de los encausados.
La PIA apeló, pero la medida del a quo fue confirmada por la Sala II de la Cámara Federal.
Por ello, presentó un recurso de casación, para evitar que se cierre definitivamente el caso.
Entre los fundamentos de su planteo, manifestó que los elementos de prueba colectados ya motivaron la elevación a juicio de la parte de la maniobra que involucra a los directivos de la firma y estimó que son “más que suficientes” para llamar a declarar a los sindicados.
También expuso que aunque fuera imposible acreditar fehacientemente que percibieron coimas, el complejo entramado de sociedades off shore que armaron basta para acreditar la existencia del arreglo que prevé el artículo 256 del Código Penal.
“El delito se consuma con el perfeccionamiento del pacto, ya sea al recibir o al aceptar”, destacó la parte recurrente. En esa línea, mencionó que a los fines de la consumación no interesa si luego el funcionario cumple o no la promesa efectuada al recibir el dinero o la dádiva o al aceptar aquélla.
El caso
El caso se inició en marzo de 1998, a raíz de la las irregularidades detectadas en la licitación nacional e internacional para la informatización de los documentos nacionales de identidad. Posteriormente, en 2008, Siemens SA informó sobre un acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la US Securities and Exchange Commission, en el cual reconoció que entre 1997 y 2007 la filial argentina “pagó o hizo que se pagaran” al menos 15 millones de dólares a entidades controladas por miembros del gobierno; uno 35 millones directamente al Grupo Consultor Argentino y unos 55 millones a otras personas jurídicas.
Al requerirse la elevación a juicio de los entonces altos directivos de la firma se determinó la existencia de un acuerdo económico entre ejecutivos y funcionarios a fin de que una de las filiales locales de la multinacional alemana resultara adjudicataria de la licitación para la contratación de un servicio integral para poner en marcha el control migratorio y de identificación de personas.
El acuerdo fue concretado por intermedio de un grupo integrado por Carlos Sergi, Carlos Soriano y Miguel Czysch.
Desde diciembre de 2016 el expediente está parcialmente elevado ante el Tribunal Oral Federal Número 3.
Directivos van a juicio
– La multinacional alemana admitió haber destinado millones de dólares “en negro” para obtener el contrato de fabricación de los DNI, a partir de 1994 y por 15 años.
– Aseguró que los destinatarios de los pagos fueron funcionarios de Carlos Menem y de Fernando de la Rúa.
– Lo directivos de la compañía están al borde del juicio oral, pero los funcionarios argentinos involucrados podrían quedar impunes.
– Los imputados en el expediente son el ex presidente y actual senador Menem, el ex ministro Carlos Corach y el ex director de Migraciones Hugo Franco.
