ESCUCHAREl ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra fue sancionado penalmente por la Justicia de Río Negro, por no realizarle un aborto no punible a una joven de 19 años que transitaba su quinto mes de embarazo, producto de un abuso sexual
El Ministerio de Salud de Entre Ríos le restituyó la matrícula al ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra, condenado en 2019 por negarse a realizar un aborto no punible a una joven que había sido violada.
El profesional -cuya licencia estaba suspendida desde noviembre del año pasado- podrá volver a atender a sus pacientes.
“Mediante una resolución arbitraria del Ministerio de Salud de Entre Ríos, me suspendieron la matrícula impidiéndome trabajar. Pues bien, recibí la notificación de que esa resolución quedaba sin efecto. Si bien lamento el tiempo que se tomó el Ministerio en rectificarse y lamento que no haya ninguna explicación satisfactoria del porqué de esta suspensión, esto marca la importancia de estar dentro del derecho. El camino es este, respetando y haciendo respetar el derechos de todos”, dijo el ginecólogo en un video publicado en la redes sociales tras ser notificado de la decisión del gobierno provincial.
Rodríguez Lastra fue condenado en Río Negro, en octubre de 2019, a un año y dos meses de prisión en suspenso y dos años y cuatro meses de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, una pena que fue confirmada por otro tribunal en marzo de 2020.Lo sancionaron por no realizarle un aborto no punible a una joven de 19 años que transitaba su quinto mes de embarazo, producto de un abuso sexual que había sufrido por parte de un familiar en 2017, en la localidad rionegrina de Cipolletti.
Antecedente
La adolescente luego dio a luz a un niño que posteriormente fue dado en adopción. Cuando fue encausado, Rodríguez Lastra había comenzado a desempeñarse en el departamento entrerriano de Gualeguaychú, con un consultorio en un instituto privado.
Tras recibir un castigo por parte de la Justicia, la cartera de Salud entrerriana determinó hace tres cuatro meses que debía “abstenerse de ejercer la medicina y cerrar su consultorio”, una medida que tomó luego de que se hiciera pública una carta que firmaron cerca de 90 organizaciones, funcionarias y distintas asambleas.
A través de la resolución 4.649/20, el área que encabeza la ministra Sonia Velásquez consideró que mantenerle su matrícula provincial de médico sería una “concreta violación a las normas que rigen la actividad, a la ética y al interés público y social”.
Sin embargo, a través de la resolución 416/21, revocó la suspensión y lo habilitó a ejercer la medicina nuevamente.
Cabe aclarar que la sentencia penal impuesta en razón de su actividad de médico en Río Negro no está firme, ya que la defensa del profesional presentó un recurso en queja.
