ESCUCHAREl pedido fue formulado por la defensa. Todos los acusados pidieron declarar. En la primera quincena de noviembre habría alegatos y el tribunal espera dictar sentencia antes de fin de año.
El juicio por las explosiones ocurridas el 3 de noviembre de 1995 en la Fábrica Militar de Río Tercero ingresa a su recta final y, de no mediar inconveniente, todo hace pensar que el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Córdoba puede dictar sentencia antes de fin de año.
La intención de concluir el debate antes de la feria judicial fue anunciada ayer por los jueces quienes, a pedido de la defensa, autorizaron ampliar la lista de testigos que comparecerán en este juicio.
Los abogados Horacio Viqueira y Auka Barbero habían pedido que se citara a declarar a una docena de testigos pero el tribunal sólo hizo lugar a sumar el testimonio de cuatro. Entre los más relevantes, se escuchará la declaración de Sergio Moingallart, entonces dueño de un camión que habitualmente estacionaba frente a la planta y que la noche anterior a las explosiones el guardia de la Fábrica Militar “curiosamente” pidió que lo sacara de allí.
También prestará testimonio el suboficial Roberto Rubén Corral, quien estaba de guardia esa noche y fue quien hizo sacar el camión.
Del resto de los testigos sólo quedan dos por comparecer, por lo que se especula que la semana próxima podrá terminar la ronda de testigos.
Sin embargo, antes de los alegatos el tribunal tendrá que escuchar a los militares acusados que han pedido declarar. El primero que formuló tal solicitud fue Carlos Franke, cuya declaración estaba prevista para ayer pero fue suspendida.
En el primer día del juicio declaró Edberto González de la Vega. La semana pasada comenzó Franke. Estos dos militares imputados ocupaban cargos en la sede central de Fabricaciones Militares (FM).
Franke fue director de Producción de FM y González de la Vega se desempeñó como director de Coordinación Empresaria.
El resto de los acusados son Jorge Cornejo Torino, ex director de la Fábrica Militar de Río Tercero, y Marcelo Gatto, quien era el jefe del área de la que dependían los polvorines que estallaron. Todos están acusados por el delito de “estrago doloso por muerte de personas”.
De ser condenados, difícilmente quedarán detenidos ya que sus defensores han adelantado que apelarán ante la Cámara Nacional de Casación Penal.
