ESCUCHAREsta ONG advierte de que debe implementarse un sistema más efectivo para compensar a las víctimas por su pérdida. Propone la creación de un órgano autónomo con facultades para administrar y un registro que contenga toda la información necesaria de lo secuestrado
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) elaboró un documento con recomendaciones para la administración y destino de bienes recuperados producto de actividades delictivas en el país. El trabajo de esta ONG busca implementar un sistema que sea más efectivo y sustentable y que tenga en vista no sólo un objetivo de política criminal sino también un criterio reparador.
En la mayoría de los países del mundo, una de las principales estrategias de política criminal es el recupero de activos de los delitos, particularmente de aquellos asociados con la criminalidad organizada -tráfico de estupefacientes, armas, órganos, personas, etcétera- y con el fenómeno de la corrupción y la criminalidad económica. En nuestro país, el proceso de recupero de activos abarca la identificación de los bienes, las medidas cautelares tendientes a asegurar los bienes identificados, su administración y su decomiso final para restitución o indemnización. El recupero de activos de este tipo de delitos tiene al menos dos razones que lo sustentan: resulta útil para atacar la rentabilidad del mercado que se genera con estas operaciones para las organizaciones delictivas, ya que se aumentan los costos de los delitos -lo que afecta su ecuación económica-; y la obtención del producto de estos delitos sirve para reparar el daño, material o inmaterial, causado a las víctimas.
ACIJ advierte en su informe de que el sostenimiento de un programa de recupero de activos presenta numerosos desafíos. Uno de los principales es su sustentabilidad económica, ya que la administración de los bienes incautados involucra necesariamente una erogación de recursos.
“La carga financiera para el Estado del costo de preservar los activos incautados, tales como almacenamiento, valoración y mantenimiento, así como los costos de compensación y reclamos por daños que pudieren surgir debido a la depreciación de los bienes mientras se encuentran sujetos a medidas provisionales, tiene el potencial para que los gobiernos se vean disuadidos de implementar un programa de recuperación de activos incipiente”, explicó la ONG.
En este sentido, ACIJ destacó que “si no se cuida adecuadamente un activo para garantizar que se conserve su valor económico durante esta fase, pueden llegar a frustrarse los esfuerzos para compensar a las víctimas por su pérdida y socavar la reparación del daño causado”.
Administración de bienes incautados
ACIJ propone la creación de un órgano autónomo con facultades para administrar los bienes incautados. Aquél tendría como función colaborar en la recepción, identificación, inventario, administración, mantenimiento, preservación y custodia de los bienes incautados y decomisados.
Para la regulación de un órgano de este tipo, es necesario unificar la tarea de administración (el órgano debe tener competencia respecto de todo tipo de delitos federales), establecer un criterio económico para la administración de los bienes y contar con personal profesional y técnico altamente calificado. El organismo debe tener facultades amplias de administración, recepción, valuación, depósito, contratación de seguros, designación de administradores externos, enajenación y destino de bienes incautados y decomisados; se debe prever que el organismo tenga sede en todas las provincias, etcétera.
Sistema unificado de registro e información
También propone la creación de un registro que contenga toda la información necesaria de los bienes respecto a su valor, localización y estado, debiendo registrar el destino provisional o final que se les brinde.
Asimismo, ACIJ considera fundamental que se establezca la publicidad de la base, tomando los recaudos necesarios respecto a la información que permita individualizar los bienes. “Esta información podría estar publicada en una plataforma creada a tales efectos, que además pueda facilitar la participación de la ciudadanía en el proceso de designación del destino final de los bienes, o cualquier otro tipo de tramitación que contemple la posibilidad de consultas públicas”, subrayó la ONG.
Sistema de controles
En el mismo documento, se advierte de la necesidad de asegurar la existencia de mecanismos de control estrictos con respecto a la administración de los activos incautados o decomisados: “Se deben establecer instancias de auditorías periódicas internas y externas”.
ACIJ considera que estas funciones deben ser ejecutadas por un organismo dedicado de forma exclusiva a esta tarea, “que cuente con los recursos suficientes para ello, autónomo (principalmente de las instituciones involucradas en el proceso de decomiso) y sometido a un control permanente”.
La víctima
Durante el proceso, resulta indispensable tener en cuenta de forma prioritaria los intereses de las víctimas de los delitos al decidir el destino final de los bienes. Para esto es importante “establecer mecanismos de participación amplia tanto para el diseño de la política, como para su aplicación y control posterior, tanto para las víctimas del delito en particular como para el resto de la ciudadanía en general”, destacó el documento.
