Rechazan la pretensión de una empresa de que se le reduzca la tarifa de energía

La firma demandante planteaba abonar el costo tarifario que paga una cooperativa de servicios a la empresa provincial de electricidad

Al advertir que, tras un largo y nutrido debate técnico y legislativo fue razonable la resolución del Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep), que rechazó la solicitud de la Empresa Sanchez y Piccioni SA, de reducción tarifaria del servicio de energía eléctrica brindado por la Cooperativa de Servicios Públicos de Almafuerte Ltda., la Sala Contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) rechazó el recurso interpuesto por la actora y confirmó la resolución de la cámara a quo, en cuanto desestimó dicha pretensión.

La cámara a quo no hizo lugar a la demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción mediante la cual la empresa en cuestión solicitó la declaración de nulidad de la antes referida y que se acoja el reclamo efectuado, reajustando la tarifa para el consumo de energía eléctrica que dicha firma debe abonar a la cooperativa.

A su turno, el TSJ -integrado por los vocales Aída Lucía Teresa Tarditti, Domingo Juan Sesin y Luis Enrique Rubio - analizó la impugnación presentada, indicando que no existe un margen para considerar que se hubieran sobrepasado los límites de la ponderación realizada por la Administración, dado que esta ha actuado dentro de pautas objetivas aceptables, a las que arribó mediante un itinerario lógico y seleccionado una solución razonablemente tolerable.

El Alto Cuerpo precisó que, a partir del repaso de las actuaciones administrativas llevadas a cabo con motivo del reclamo efectuado por la actora, es posible advertir el curso de un procedimiento administrativo de notoria complejidad técnica, que fue abordado desde distintos enfoques no siempre acertados, y cuyo trámite y decisión fueron influenciados por rotundas modificaciones de las circunstancias fácticas y cambiantes marcos normativos, desde su inicio hasta su decisión.

Contenido

Al respecto, el fallo ponderó que el contenido de la pretensión inicial del usuario consistía en acceder al servicio de energía eléctrica “en igualdad de condiciones tarifarias a las de EPEC”, intención esta que había sido plasmada con mayor detalle en su requerimiento previo a la distribuidora eléctrica demandada cuando expresó: “Solicitamos se nos autorice a adquirir la energía eléctrica por medio de la EPEC para poder acceder al cuadro tarifario de esa empresa”, lo que fue oportunamente rechazado por aquélla, concluyendo que todo esto distó mucho de una intención de trato igualitario, ya que aspiraba a asumir los beneficios de un mercado no comparable con las condiciones del que forma parte.

La decisión precisó que el primer informe técnico advirtió una realidad verificable, pero impertinente: “Se observan grandes asimetrías en las tarifas por las distribuidoras de energía eléctrica, como lo es lo aplicado por las distribuidoras y la EPEC...”, matizando tal afirmación con la aclaración de que el mercado de las cooperativas y el de la EPEC no son comparables.

Por ello, el TSJ aclaró que durante una etapa procedimental en que la distribuidora eléctrica había recibido una participación acotada, el dictamen y la resolución administrativas subsiguientes que hallaron sustento en aquel primer informe técnico, bien pudieron anticipar una postura preliminar respecto del diferendo; lo cual no inhabilita a la administración a que, luego de admitir la participación activa de la cooperativa requerida y de percibir modificaciones en el contexto de la controversia, haya mudado válidamente la dirección en su decisión, como de hecho sucedió.

Actos

Los vocales agregaron que luego se produjeron nuevos actos preparatorios, diferentes informes técnicos y distintos dictámenes legales que anticiparon el dictado de una resolución definitiva que, quizás, “pueda no haber satisfecho los anhelos de la empresa demandante, pero que no merece ser descalificada de irrazonable”.

Así, se indicó que a la vista de que la pretensión de la reclamante implicaba una aspiración inequitativa respecto de sector cooperativo que integra, persiguiendo obtener en su beneficio el servicio de energía eléctrica de acuerdo a las pautas tarifarias establecidas para un mercado no comparable y que, si bien en los primeros actos preparatorios del ente regulador aceptaron la validez de dicha comparación, se terminó concluyendo que la posterior variación en la decisión asumida por el ente en su acto definitivo, realizada luego de atender los argumentos defensivos sostenidos por la requerida, no solo se descubrió como procedimentalmente correcta y razonable.