Rechazan indemnizar a contratada estatal que fue desvinculada por hurto

La Cámara 2ª Contencioso-administrativa de Córdoba desestimó una demanda contra la Provincia, en la cual la actora solicitaba que se le pagara la indemnización del artículo 40 de la ley 7233.

El tribunal argumentó que la norma no exige que la resolución contractual haya sido sin causa, al entender que la Administración había ajustado su actuar a derecho, que el acto de resolución había quedado firme y consentido y que admitir la interpretación propuesta por la actora de la normativa “ implicaría un abuso del derecho por parte de la actora quien fue desvinculada por hechos contrarios a sus deberes y obligaciones ”.

Los vocales Leonardo Massimino y Daniela Sosa indicaron que -conforme surge de las constancias de la causa y fue reconocido por la accionante al interponer el reclamo administrativo- la decisión de la autoridad de disponer la resolución contractual por exclusiva responsabilidad de la reclamante “ atento a que los hechos descritos en la imputación penal -tipificados como delitos de hurto reiterado y hurto en grado de tentativa-, configuran conductas reñidas con las obligaciones impuestas por las normas estatutarias -arts. 17 inc. b) y 18 inc. f) de la ley N° 7233-, no fue impugnada ni recurrida en tiempo y en forma, motivo por el cual el acto resolutivo se encuentra firme y consentido ”.

Al respecto, la alzada indicó que, no obstante que la firmeza del acto resolutorio es suficiente para desestimar la defensa, toda vez que en autos no está en discusión el ejercicio de atribuciones disciplinarias, se agregó que “ el sobreseimiento dispuesto por una causal meramente procesal -como es, en el caso, por la extinción de la acción penal- no excluye el ejercicio de las atribuciones disciplinarias de la Administración ”.

En suma, la cámara indicó que una sentencia de sobreseimiento recaída en el proceso penal invocada “ no puede fundar un supuesto estado de certeza negativa respecto de la inexistencia del hecho o de la falta de participación del agente en su comisión al fundamentar que cuando la resolución penal se fundamenta en razones exclusivamente procesales -como es, la prescripción de la acción penal, la atipicidad de la conducta o la falta de mérito- en modo alguno ello puede condicionar otra decisión judicial o el accionar de la administración que actúa en resguardo del bien jurídico público tutelado, implicado en el correcto y regular funcionamiento de la Administración Pública ”.

El fallo examinó que, en el dictamen pericial, “ el profesional interviniente concluyó que si bien la actora sufre una patología psiquiátrica conocida como trastorno de ansiedad con síntomas depresivos, la misma fue a consecuencia de las actuaciones judiciales penales y su pérdida de trabajo, y no la causa ”.

Sede penal

A su vez, de la resolución judicial recaída en sede penal surge que en la causa la demandada “ estaba habilitada para decidir la resolución contractual, sin que haya ejercido dicha facultad desbordando los límites de prudencia, razonabilidad, congruencia, buena fe y demás requisitos de juridicidad que debía observar en su ejercicio ”.

Finalmente, los jueces consideraron que “ aun cuando pueda considerarse que el art. 40 de la ley N° 7233 no distingue en qué supuestos procede la indemnización, tal dispositivo no puede interpretarse aisladamente sino sistemáticamente, atendiendo al interés protegido en el régimen que regula el ejercicio de la función pública y el bien jurídico tutelado; cual es, asegurar una buena administración pública y su correcto funcionamiento ”.

Así las cosas, en el fallo se entendió que, de acuerdo con lo prescripto en el artículo 10 del Código Civil y Comercial de la Nación, “ la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos ”, pues “ se considera tal el que contraría los fines del ordenamiento jurídico o el que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres ” e impone a los magistrados “ ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo ” porque al amparo de la previsión normativa no pueden soslayarse las circunstancias acaecidas en autos a fin de admitir la postura interpretativa postulada por la accionante.

Proyección

Con esa proyección, el tribunal sostuvo que “ reconocer a favor de la actora el reclamo indemnizatorio pretendido, con sustento en la previsión del art. 40 de la ley Nº 7233, cuando realizó actos reñidos con el régimen normativo aplicable frente a lo cual la Administración Pública decidió la resolución contractual prevista en el contrato, implicaría admitir un ejercicio abusivo del derecho que contraría los fines del ordenamiento jurídico ”.

En mérito de las razones expuestas, en el fallo se resolvió no hacer lugar a la demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción interpuesta por F. B. G, con costas por su orden, atento que la accionante, en razón de las particulares circunstancias fácticas que rodean el caso y los términos del art. 40 de la ley N° 7233, la demandante pudo entender justificado su derecho a litigar.