Rechazan incompetencia territorial y condenan a prepaga a reembolsar gastos de cirugía

El magistrado interviniente en la causa apuntó contra la arbitrariedad de la demandada de obligar a la paciente a realizar una auditoría en otra ciudad, cuando enfrentaba una emergencia médica

Luego de rechazar la excepción de incompetencia territorial opuesta por la demandada Sanarte SRL, basada en una cláusula que fue consideraba abusiva al obligar al consumidor de una prepaga a realizar su reclamo judicial en los tribunales de la ciudad de Córdoba, cuando su contrato, sus prestadores médicos y su domicilio se encontraban en Arroyito, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Familia de esta ciudad admitió la demanda del cliente por la que requería el reembolso de los gastos médicos generados por la quebradura de un brazo de un miembro de su familia, negados por la demandada por falta de una auditoría previa a la intervención.

El juez Gonzalo Martínez Demo analizó que de las constancias surgía que el asociado reside en Arroyito y que en el contrato de adhesión a la prepaga se previó prorrogar la competencia judicial a los tribunales ordinarios de la ciudad de Córdoba , concluyendo que ello fue predispuesto en beneficio exclusivo de la prestadora , sin atender a los intereses del adherente, quien se vio restringido en su derecho de defensa como consecuencia de la distancia que lo separa del organismo judicial.

El magistrado entendió que la cláusula 15° inserta en el contrato de adhesión resultaba abusiva, por cuanto obligaba al actor a litigar en una jurisdicción que no se corresponde con la de su juez natural, ocasionándole la molestia de tener que afrontar mayores costos.

Por todo lo apuntado, en el fallo se resolvió declarar nula la cláusula en cuestión, tenerla por no escrita y rechazar la excepción de incompetencia territorial opuesta.

Cuestión de fondo

Resuelta esa cuestión preliminar, el juez ingresó al análisis de la cuestión de fondo, observando que se encuentra fuera de discusión la existencia de la contratación de salud y por lo tanto la obligación de la demandada de satisfacer las prestaciones asistenciales que actor y su núcleo familiar requiriera, en el marco de las condiciones particulares y de las leyes regulatorias del sistema de salud, estas últimas por ser de aplicación supletoria y obligatoria.

Se resaltó que en esas condiciones, el actor reclamó la devolución del dinero que tuvo que afrontar, ante la negativa de la accionada de cubrir la intervención quirúrgica realizada -osteosíntesis de radio distal izquierdo, con la colación de una placa con tornillos- a N, E. G., (integrante de su grupo familiar), en la Clínica Regional Arroyito SRL y por sus propios prestadores médicos.

En ese sentido, el tribunal precisó que el demandante fue quien firmó el contrato de prestaciones médicas, asumiendo Sanarte SRL la obligación de brindar al “afiliado y su grupo familiar a cargo (…) los servicios de atención de salud (…)”.

Asimismo, el sentenciante señaló que la prepaga en ningún momento invocó que la prestación reclamada por el demandante estuviera fuera de cobertura sino que contractualmente su otorgamiento estaba sujeto a una auditoria traumatológica en la persona de la paciente afectada.

Contraria a derecho

Al respecto, el fallo consideró que diferir la prestación de salud a causa de una auditoría a realizarse en la ciudad de Córdoba, ante la urgencia del cuadro de salud de la paciente, convirtió a esa exigencia en contraria a derecho, puesto que se le impuso a la afiliada una carga no prevista en la contratación ni en el marco legal aplicable, que consistía en tener que trasladarse a otra ciudad para ser examinada, cuando bien la auditoría podría haberse llevado a cabo en Arroyito, sea por sus propios prestadores o prestadores del lugar, contratados a tales efectos.

Por lo expuesto, el juez concluyó que por aplicación de los presupuestos de la responsabilidad objetiva, habiendo probado el actor la vigencia y validez del vínculo contractual y no habiendo la demanda invocado ni probado la existencia de alguna eximente por la cual pudiera exonerarse de cumplir la prestación a su cargo; esto es, en orden a que la prestación requerida estaba fuera cobertura, que la auditoría en la ciudad de Córdoba era válidamente exigible, y en todo caso, que el importe reclamado por no se corresponde con los costos de la intervención; máxime en su condición de especialista en la materia, resulta plenamente responsable.

A su vez, el magistrado indicó que el actor ha rendido prueba en orden a acreditar el quantum cuyo reembolso pretende, por lo que, en definitiva en el fallo se resolvió que correspondía hacer lugar parcialmente a la demanda y condenar a Sanarte SRL a pagar la suma de $ 35.575, más un interés moratorio que se fijan en la tasa de uso judicial, equivalente a la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central con más dos por ciento nominal mensual, desde la fecha en que fueron abonadas (31/01/2018) hasta su efectivo pago.