Rechazan impugnación de aportes a pagar a cajas de profesionales en concurso preventivo

La Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba rechazó la inconstitucionalidad de las normas que fijan las pautas arancelarias de las cajas profesionales de Previsión Social para Profesionales en Ciencias Económicas y de Previsión y Seguridad Social de Abogados y Procuradores de la Provincia de Córdoba, al interpretar que las sumas mandadas a pagar en concepto de aportes en el concurso preventivo de la firma Alimentos Mediterráneos SA no eran irracionales o confiscatorias con relación al activo y pasivo de la empresa.

Al analizar la cuestión, el Alto Cuerpo -integrado por Marta Cáceres (autora del voto), Domingo Juan Sesin y Luis Eugenio Angulo- observó que, para validar la declaración de inconstitucionalidad de las normas que establecen los importes a pagar en concepto de aportes previsionales, la cámara a quo afirmó que el monto resultante de la aplicación automática de dichos preceptos resultaba exorbitante y desproporcionado a la real capacidad de pago de la concursada.

Frente a ello, el TSJ advirtió: “ Tal aspecto neurálgico del pensamiento carece del indispensable análisis de las singularidades de la causa, habiéndose limitado a relacionar dicho valor con la remuneración total de los profesionales intervinientes y sin explicitar las razones suficientes y completas en virtud de las cuales encontró vulnerados los derechos constitucionales de la concursada, con lo cual incurrió en un déficit racional ”.

Argumentos

En consecuencia, Cáceres concluyó que los argumentos sentenciales, en cuyo mérito se había proclamado la máxima sanción a las prescripciones consagratorias de los créditos de aportes previsionales, “ pecan por su carácter abstracto al no haber considerado o, lo que es igualmente deficitario, no haber exteriorizado la ponderación de los pormenores que informan el caso y que ostentan virtualidad dirimente para incidir en la tendencia del desenlace a asignar al litigio ”.

En ese sentido, el Alto Cuerpo apuntó que, si bien las apreciaciones vertidas por la cámara hicieron especial hincapié en que los valores aplicados, no podían prescindir del patrimonio neto de la concursada ni desvincularse del costo arancelario por la misma labor, no se trasladaron al caso concreto de manera tal de reflejar -en forma clara y contundente- el impacto que la aplicación del porcentaje a pagar sobre la base que establece el precepto legal -que entiende exorbitante- genera en la capacidad de pago de la concursada.

En otros términos, la decisión del TSJ expresó que los fundamentos del fallo dan acabada cuenta del criterio sustancial que los juzgadores propician “ in abstracto ” acerca de la falta de adecuación constitucional de los dispositivos legales.

Para el TSJ, de ello se deriva que tales argumentaciones “ no exhiben reflexión alguna tendiente a justificar la pertinencia y aplicabilidad de dicha tesis interpretativa al caso concreto, al argumentar que la decisión asumida en el precedente que es citado en la sentencia que aquí se cuestiona, (“Appia Motor Argentina SA - Gran Concurso Preventivo” (Expte. Nro. 5953617) no se relaciona numéricamente con este proceso ”.

Suma

En esa dirección, el Alto Cuerpo precisó que la suma mandada a pagar por ambos conceptos asciende a $906.410,59, la que no se presenta como excesiva, si se tiene en cuenta que la concursada cuenta con un activo de $45.359.224,58 y un pasivo de $28.367.827,86, con un patrimonio neto de $16.991.396,72.

De allí que en el fallo se consideró que “ no cabe predicar que el valor establecido por el juez y que se pone en entredicho, es producto de la irrazonabilidad en el quantum de la alícuota dispuesta por el legislador, sino que es la lógica consecuencia de lo elevado de los intereses económicos en juego ”.

Por otra parte, el TSJ remarcó que tampoco se advierte que la cifra a abonar de conformidad a las normas dubitadas en su constitucionalidad, “ provoque una lesión al derecho de propiedad ni resulte confiscatoria ”.

Por tal motivo, en la resolución se resolvió que el decisorio de cámara “ luce huérfano de razones que demuestren la decisión adoptada, constituyéndose en una afirmación dogmática y genérica que despoja al acto jurisdiccional de la virtualidad requerible para ser considerada válida; razón por la cual, ello justifica el acogimiento de la casación ”.