Rechazan admitir la vía ejecutiva al no surgir del título presentado una deuda líquida y exigible

Si bien el fallo sostuvo que no hacía falta que el acuerdo estuviera homologado judicialmente para ser ejecutivo, entendió que el documento no reunía los requisitos para la vía intentada

Al no surgir del acuerdo firmado por las partes una suma de dinero líquida o fácilmente liquidable y exigible, la Cámara 7ª Civil y Comercial de Córdoba confirmó la sentencia que denegó la apertura de la vía ejecutiva por entender que el documento acompañado como base de la acción no constituía un título ejecutivo, ya que para su ejecución debía probarse la entrega de una obra con el método conocido como “llave en mano” y ordenó que se recurra al proceso ordinario, con amplitud de debate y prueba.

El accionante se quejó aduciendo errónea interpretación efectuada por el tribunal con relación a los términos acordados en el convenio cuya ejecución se intentaba y por la errónea aplicación del derecho en la que incurre el juzgador.

El demandante manifestó que el “acuerdo transaccional” revela una obligación de dar sumas de dinero que resulta líquida y exigible y que su suscripción se encuentra certificada por escribano público; concluyendo que el título en cuestión es susceptible de ejecución y plenamente hábil.

Lectura

El apelante expuso que de la lectura literal e integral de sus cláusulas no surge que las partes hayan condicionado la ejecución del acuerdo a una previa homologación judicial y que se convino que para el caso que la reclamante deba accionar judicialmente, el propio acuerdo tiene carácter de título ejecutivo (cláusula 9ª: Fianza).

La cámara integrada por los vocales Rubén Atilio Remigio y Jorge Miguel Flores consideró que el juez a quo rechazó in limine la pretensión ejecutiva del actor, atento a que el acuerdo transaccional base de la demanda no se encuentra homologado, conforme lo previsto por su cláusula 17ª y no es el título acompañado de aquellos que traen aparejada su ejecución, no cumpliendo los requisitos previstos por el artículo 517 CPCC; es decir, no se asimila a "una obligación exigible de dar suma de dinero líquida, o fácilmente liquidable".

La alzada recordó que el juez tiene el deber de analizar en esta etapa que el título acompañado sea suficiente para fundar la vía ejecutiva y que la indagación que corresponde efectuar en esta oportunidad constituye un examen preliminar del documento, a los efectos de dilucidar si es por sí apto para habilitar la instancia y permitir la sustanciación del proceso ejecutivo.

Análisis

En ese análisis, la cámara sostuvo, en primer lugar, que asiste razón al recurrente cuando esgrime que no resulta necesaria una previa homologación del acuerdo para darle fuerza ejecutiva, remarcando que, conforme el inciso 1 del artículo 518 CPCC, traen aparejado ejecución: 1) los instrumentos públicos presentados en forma y los privados reconocidos judicialmente o declarados tales…”; a diferencia de los instrumentos públicos que gozan de presunción de autenticidad, dando fe por sí mismos; los instrumentos privados requieren ser reconocidos por la persona contra quien se presenten o que el tribunal los declare tales (art. 248 CPCC).

Se añadió que una de las maneras de obtener este reconocimiento es con la certificación de firmas por escribano, como acontece en el caso, asimilándolos así a los instrumentos públicos en lo que hace a la presunción de autenticidad, razón por la cual no resultaría necesaria su homologación para considerarlos reconocidos.

Sin perjuicio de ello, se advirtió que el principal argumento del a quo para no admitir la demanda radica en que el acuerdo privado base de la acción no cumple con los requisitos ya referidos; es decir, que dicho acuerdo no se asimila a "una obligación exigible de dar suma de dinero líquida, o fácilmente liquidable...", por lo cual no se trataría de un título ejecutable.

En esa dirección, se apuntó que el título en cuestión es un acuerdo transaccional que contiene cláusulas pactadas por las partes para el supuesto de vencerse el plazo límite estipulado (19/2/2021 -cláusula 4ª-) para el cumplimiento de las obligaciones de la demandada, esto es, la conclusión de la obra y entrega de la posesión de la vivienda (cláusula quinta), agregando que para la operatividad de dicha cláusula resulta necesaria una verificación externa al título, o sea, que indefectiblemente la demandada no haya cumplido con la cláusula cuarta: plazo de entrega bajo sistema “llave en mano” en el tiempo estipulado.

Cálculos

Asimismo, remarcó el tribunal que, para poder realizar los cálculos de intereses, se observa que la cláusula segunda contiene operaciones aritméticas complejas que incluyen datos externos al título, no siendo fácilmente liquidables, por lo que se concluyó que los recaudos intrínsecos dispuestos por el artículo 517 CPCC no resultan del título mismo, se necesita de una comprobación externa a éste.

En consecuencia, se sentenció que no se trataría de un título con virtualidad ejecutiva suficiente para la admisión de la demanda, observando que si bien las partes establecen de común acuerdo el carácter de tipo ejecutivo del presente acuerdo, esta voluntad no puede suplir a la ley misma, por lo que, necesariamente tendrá que cumplir el instrumento con los requisitos de exigibilidad y suma líquida, o fácilmente liquidable y recordando que estos requisitos deben de surgir del título mismo y éste debe de bastarse a sí mismo.