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Reabrieron investigación contra Gils Carbó por el caso Severo

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La Cámara Federal decidió reabrir una pesquisa en contra de la ex procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó por su participación en la investigación del supuesto -y breve- secuestro de Alfonso Severo, el gremialista que tenía que declarar en el juicio por el crimen de Mariano Ferreyra, el joven militante del Partido Obrero asesinado por una patota a las órdenes de la Unión Ferroviaria.

El hecho, si es que lo hubo, se dio en medio de las protestas salariales de gendarmes y prefectos que mantenían en vilo al país y desde el comienzo se sospechó que todo se trató de una maniobra para captar la atención de los medios.

La instrucción del caso comenzó en 2012, por una denuncia de la ex SIDE. Luego se sumó como querellante el ex director de operaciones Antonio “Jaime” Stiuso.

En un inicio, el secuestro de Severo se investigó en dos fiscalías. Los agentes de Avellaneda intervinieron por la denuncia de la pareja del hombre, y en la ciudad de Buenos Aires Campagnoli tomó contacto con el expediente partir de un llamado de la Procuración.

Campagnoli detectó que en la zona del supuesto secuestro aparecían registros de celulares asignados a agentes de la ex SIDE. Concretamente, habló de una “explosión de espías” en las horas previas y posteriores a la aparición de Severo. Por eso, pidió la indagatorias de los supuestos implicados.

Poco más de un mes después del hecho, la Sala VI de la Cámara del Crimen le sacó al expediente al fiscal y lo envió a Avellaneda, donde sigue en trámite.

Severo desapareció el 3 de octubre de 2012. Al día siguiente, el gremialista y ex gerente de Ferrobaires tenía que declarar en el juicio por la muerte de Ferreyra. Reapareció 22 horas después de ser retenido, el 4 de octubre de 2012.

El caso estuvo plagado de sospechas. Campagnoli promovió una denuncia contra Gils Carbó por la supuesta filtración de datos sensibles. Se basó en la declaración de Stiuso, quien ante la jueza Fabiana Palmaghini afirmó que la ex jefa de los fiscales le dio copias de lo actuado a Francisco Larcher, ex número dos de la ex SIDE.

Casi al mismo tiempo, comenzó una investigación en el juzgado de Ariel Lijo por una amenaza vía mail contra el fallecido fiscal Alberto Nisman. Stiuso se presentó como querellante porque la misiva lo mencionaba. Se ordenaron medidas de prueba pero el tema no se esclareció.

Sobre la decisión de Gils Carbó de involucrar a Campagnoli, Lijo concluyó que no fue irregular y que se basó en “la urgencia y gravedad del caso”.

En en noviembre del año pasado archivó la pesquisa, pero la defensa de Stiuso apeló con éxito.

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