ESCUCHAREl empresario periodístico bahiense Vicente Massot fue sobreseído de la supuesta comisión de delitos de lesa humanidad. Se le enrostró integrar una asociación ilícita con la dictadura para desarrollar “campañas de acción psicológica”, así como su complicidad en dos crímenes
En un expediente que comenzó a instruirse hace una década, el juez federal de Bahía Blanca Walter López da Silva sobreseyó al ex director del diario La Nueva Provincia, Vicente Massot, de supuestos delitos de lesa humanidad.
En marzo de 2015, el magistrado Claudio Pontet dictó la falta de mérito de Massot. La decisión fue confirmada por la Cámara Federal de Bahía Blanca en febrero de 2016.
Luego, se rechazaron los planteos de los fiscales intervinientes, tanto ante la Cámara Federal de Casación Penal como ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal pidieron el procesamiento del empresario periodístico, al alegar que pertenecía a una presunta asociación ilícita con las autoridades militares del gobierno de facto para desarrollar “campañas de acción psicológica”.
Además, le enrostraban ser cómplice de los secuestros y posteriores crímenes de dos obreros gráficos, en 1976.
Desde el inicio de la pesquisa, Massot dijo que ese procesamiento se generó con fines políticos; concretamente, para acallar la línea editorial del diario, adversa al kirchnerismo desde que Néstor Kirchner llegó al Poder Ejecutivo, en 2003.
Fiscales “ad hoc”
Hace ocho años, cuando se dictó la falta de mérito del por entonces directivo de La Nueva Provincia, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) destacó la importancia del fallo del juez Pontet.
Manifestó que en el caso había “persecución judicial y política”.
Indicó que la pesquisa avanzó “por instancia de dos fiscales ad hoc”, José Nebbia y Miguel Palazzani, “nombrados sin concurso público ni acuerdo del Senado”.
“Aun cuando Massot hubiera sido parte del plantel de La Nueva Provincia al momento de producirse los secuestros denunciados, los fiscales intervinientes habrían incurrido de todos modos con su acusación en un verdadero intento de establecer el delito de opinión, desconocido por los principios de la Constitución Nacional”, enfatizó Adepa.
Además, calificó el allanamiento realizado al matutino bahiense en 2014 como “un hecho de gravedad inaudita” y acusó al por entonces Gobierno nacional, encabezado por Cristina Fernández de Kirchner, de ser hostil con la “libertad de prensa”.
Allanamiento
Cabe recordar que, cuando se concretó aquel procedimiento y pesaba un pedido de detención sobre Massot, varias entidades periodísticas manifestaron su preocupación.
La Comisión Empresaria de Medios de Comunicación Independientes (Cemci) denunció que, si bien la medida estableció que no se podía entorpecer el funcionamiento del medio, los fiscales Nebbia y Palazzani secuestraron colecciones del diario, miles de fotos y recortes.
El Cemci afirmó que los agentes fueron designados por el Poder Ejecutivo Nacional, sin llamado a concurso público y sin acuerdo del Senado.
Por su parte, ADEPA juzgó que las condiciones en que se cumplió la actuación judicial parecían constituir “un nuevo eslabón de una larga cadena de ataques contra medios de prensa independientes, en tanto y en cuanto expresan críticas sobre la realidad nacional”. Paralelamente, resaltó que ambos fiscales declararon públicamente “una militancia ideológica” en infracción al deber de objetividad que les impone el cargo.
Por su parte, la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas fustigó la incriminación de Massot “sobre la base de instrucciones dogmáticas o ideológicas emitidas por el ministerio público”.
Blanco
Sobre la versión de los fiscales sobre la línea editorial del diario La Nueva Provincia y la supuesta “campaña psicológica” que emprendió para favorecer a la dictadura, el juez López Da Silva citó los argumentos que expuso la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca.
A su turno, al ratificar la falta de mérito, el tribunal señaló: “En el caso del diario existían determinadas circunstancias objetivas que daban una buena base para creerse blanco de la subversión, tanto la empresa como su directorio”, y añadió que no podría considerarse acreditado que tuvieran “conocimiento previo y certero respecto de la realidad de la lucha contra subversión”.
Línea editorial
López Da Silva destacó que los fiscales partieron de aseverar que Massot sabía que de la desaparición forzada de personas, de la existencia de lugares clandestinos de detención, de la simulación de enfrentamientos y de torturas y concluyó que no había pruebas para corroborar esa premisa.
“No cabe duda de que la línea editorial del diario denotaba afinidad con el régimen instaurado y, por más objetable que pudiera resultar, lo cierto es que no corresponde juzgar el pensamiento político”, subrayó el magistrado.
“Una convicción ideológica no convierte per se a Massot en partícipe o instigador de delitos”, determinó.
En esa dirección, precisó que “el apoyo irrestricto del diario” a las acciones llevadas a cabo en contra de la subversión era legal.
“No se advierten en los editoriales transcriptos por la Fiscalía Federal ninguna frase que aliente la ejecución de prisioneros, la tortura o la desaparición de personas”, sumó.
El magistrado recordó que la llamada “lucha contra la subversión” contó con un marco jurídico -dictado durante el gobierno democrático de Isabel Perón, que dictó normas sobre seguridad nacional y los llamados “decretos de aniquilamiento”- y que, en su momento, dotó de “cierta legalidad” a las acciones que se enmarcaron en ella.
Asimismo, remarcó que se trató de “un período de características excepcionales”.
“El órgano acusador no ha logrado acreditar, ni siquiera con la provisoriedad característica de esta instancia, la existencia de elementos que determinen que la conducta del encausado excedió las acciones típicas de su profesión u ocupación, ni que tuviera un conocimiento cabal de aquellos actos propios del plan clandestino de represión”, concluyó.
López Da Silva reivindicó asimismo el derecho del imputado a que se ponga fin a la situación de indefinición que supone el enjuiciamiento penal.
Apelación
Pablo Fermento, integrante de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca, anticipó que la dependencia apelará el sobreseimiento de Massot.
Según Fermento, la “acción psicológica” fue un aspecto a considerar en el caso e insistió con que se presentaron pruebas que acreditan que La Nueva Provincia participó.
“Toman cada elemento probatorio de manera aislada y no se hace un análisis global de la situación”, declaró a medios radiales.
