Ratifican que un banco hostigó a un deudor de tarjetas

Al igual que el a quo, la Cámara dio por probado que la entidad codemandada desplegó conductas ilegítimas para cobrar, como remitirle cartas al nuevo empleador del cliente, quIen había estado sin trabajo, para anoticiarlo sobre su situación. [privado]

La Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial ratificó que el Banco de Galicia y Buenos Aires SA y Argentina Collection Agency SRL deberán abonarle solidariamente 50 mil en concepto de daño moral a un cliente.

Lo hizo al confirmar el fallo, que admitió parcialmente la demanda promovida por Dorian Meneses Sariego, quien en su momento había pedido más de 400 mil pesos.

Al reclamar, Meneses Sariego relató que en 2013 descubrió que era diabético insulinodependiente y que, ante esa situación, dado que se encontraba imposibilitado de realizar trabajos en altura porque sufría mareos, fue despedido por su empleador, quien alegó reducción de personal.

El accionante precisó que, como consecuencia de ello, entre abril de 2014 y mayo de 2015 no pudo pagar sus tarjetas de crédito (American Express y Visa) y explicó que -como la entidad bancaria se comunicó con él en varias ocasiones reclamando la deuda- le envió a un estudio jurídico la documentación que acreditaba que estaba desempleado y enfermo, por lo que le resultaba imposible abonar. Luego, dijo no haber recibido más notificaciones del banco.

Sin embargo, narró que a mediados 2017 el banco le envió una notificación al domicilio de su nuevo empleador, quien le advirtió que debía resolver el problema porque de lo contrario no podría seguir trabajando para él.

Meneses Sariego puntualizó que inició una mediación a fin de solicitar que cesaran las prácticas abusivas de las accionadas para preservar su puesto, pero que unos días antes de la audiencia Argentina Collection Agency SRL le remitió una nueva nota a su empleador.

Con base en lo sucedido, el actor manifestó que las accionadas incurrieron en una práctica abusiva al cursar reclamos extrajudiciales a su lugar de trabajo, ya que al no ignorar su domicilio real procedieron con el único afán de causarle un perjuicio y presionarlo a pagar poniendo en peligro su empleo.

La Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial ratificó el criterio del jueza de grado y enfatizó que el hecho de que el actor tenga una deuda con un banco no habilita a la entidad a incurrir en conductas no legítimas para lograr su cobro.

El tribunal destacó el carácter profesional de la responsabilidad bancaria y recordó que -como el banco es un colector de fondos públicos- el interés general exige que los servicios que presta funcionen responsable y adecuadamente.

“La confianza, como principio de contenido ético, impone a los operadores un inexcusable deber de honrar las expectativas; su quiebre contraviene los fundamentos de toda organización jurídica y torna inseguro el tráfico”, enfatizó.

“Parece de toda obviedad que la conducta del banco -y de la sociedad que ofrece servicios de cobranzas a entidades financieras- no puede apreciarse con los parámetros aplicables a un neófito, sino que debe ajustarse a un estándar de responsabilidad agravada”, añadió.

Consumidor

La alzada recordó que el trato digno que el proveedor debe proporcionarle al consumidor se encuentra en la base del derecho consumerista y es, por ende, inspirador de todas sus normas; ello así, porque fue expresamente incluido en la Constitución Nacional (CN).

“La noción de trato digno se integra con la obligación de los proveedores de abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias, o intimidatorias”, resaltó.

En ese sentido, la Cámara reseñó que, al ocuparse de proteger la dignidad de los consumidores, la Ley de Defensa del Consumidor, al igual que el artículo 42 de la CN, potencia la tutela legal, puesto que este atributo se encuentra ligado a los derechos más íntimos de los seres humanos en general, apreciables, incluso, en su faceta colectiva. “Además, la amplitud del artículo 8 bis, que prohíbe toda práctica que pueda ser considerada ‘vergonzante’, ‘vejatoria’ o ‘intimidatoria’, refuerza notablemente las restricciones al respecto”, indicó.

Asimismo, resaltó que las prácticas intimidatorias están constituidas por aquellos procedimientos aplicados en la formación del contrato o en su ejecución que se caracterizan por colocar al consumidor en estado de sospecha, vergüenza o intimidación; es decir, actitudes que molesten, denigren o tiendan a colocar en situación de inferioridad al consumidor, infundiéndole miedo o temor.[/privado]