Ratifican que el Poder Judicial de Córdoba puede representarse a sí mismo en juicio

Al entender que si hay una ley que en forma expresa le ha otorgado al Poder Judicial de la Provincia de Córdoba la capacidad para estar en juicio, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), en fallo plenario, rechazó que sea inconstitucional que se represente así mismo en un pleito.

Los supremos María Cáceres de Bollati, Domingo Sesin, Aída Tarditti, Luis Rubio, Sebastián López Peña y Luis Angulo Martín indicaron que en el caso se denunciaba la inconstitucionalidad del artículo 22 del Código Tributario Provincial (25 actual), que disponía: “ El Tribunal Superior de Justicia goza de legitimación procesal para ejercer las atribuciones y competencias en orden a la determinación, recaudación, administración y fiscalización de la Tasa de Justicia. Las referidas atribuciones y competencias serán ejercidas por el Área de Administración dependiente del Poder Judicial o, en su caso, por los funcionarios que dicha Área o el Tribunal Superior de Justicia designe ”.

El Alto Cuerpo evaluó que el núcleo de la impugnación radica en que, según interpreta el recurrente, el TSJ no es persona física ni jurídica; derivando de ello que no puede promover juicios ni cobrar la tasa de justicia por vía judicial, a lo que respondió que preside un Poder del Estado, y tiene atribuciones y facultades expresas e implícitas para ejercer su función como tal, la representación en juicio constituye una cuestión imperativa que deviene de su rol de Poder del Estado independiente, son las normas del derecho público provincial las que regulan el diseño constitucional local que, indudablemente, deben armonizar sus disposiciones con las previstas por el Código Civil y Comercial de la Nación.

No obstante ello, el fallo observó que “ hay una corriente de pensamiento de carácter tradicional o conservador, en cuya inteligencia es habitual que en los juicios del Estado que se vinculan al ejercicio de funciones provenientes del Poder Judicial y del Legislativo, la formal representación en juicio la asume el Poder Ejecutivo a través de la Fiscalía de Estado - Procuración del Tesoro ”.

Sin embargo, los vocales advirtieron que, en el caso, “ es el propio legislador quien atribuyó esa competencia específica a un área técnica del Poder Judicial de Córdoba que, por las características atinentes a su especialidad, detenta independencia funcional. Puntualmente me refiero al artículo 22 del Código Tributario Provincial -vigente al tiempo en que se introdujera la discusión- y a la ley que constituye su antecedente necesario; es decir, a los artículos 1 y 1 bis de la Ley Provincial número 8002 dictada en el año 1990, que establecen la creación, la regulación y los mecanismos de percepción de la tasa de justicia ”.

En ese sentido, se remarcó que el último precepto “ pone en cabeza del Tribunal Superior de Justicia, a través del organismo administrativo pertinente, la tarea de ejercer las atribuciones y competencias que el Código Tributario asigna a la Dirección de Rentas en orden a la administración, fiscalización y recaudación de los rubros que integran la cuenta tasa de justicia ”.

En la situación descripta, se entendió que constituiría “ un excesivo rigor formal o un verdadero fariseísmo a las formas cuestionar la atribución constitucional que le corresponde al Poder Legislativo para crear reparticiones u oficinas públicas, dotándolas o no de las potestades pertinentes para estar en juicio y que son en definitiva esas razones de oportunidad, mérito o conveniencia que, en el marco de una interpretación dinámica y contextual del ordenamiento jurídico, no resulta plausible desconocer ”.

El TSJ subrayó que, en función de lo dispuesto por el artículo 166 de la Constitución Provincial, el gobierno y la administración del Poder Judicial están en manos del Tribunal Superior de Justicia, por lo que, consecuentemente, sostuvo que la propia noción conceptual de lo que significa gobierno y administración es la que, “ en un sentido amplio, posibilita la plena capacidad de administrar su patrimonio y ejercer la legitimación pertinente y necesaria para estar en juicio ”.

Obstáculos

La decisión infirió que “ tildar a tal normativa de inconstitucional, enmarcados en un excesivo rigor formal o en posturas conservadoras, cuyo fin en sí mismo es poner obstáculos a la razonable labor de las instituciones, no concuerda con una interpretación razonable del ordenamiento jurídico ”.

Asimismo, se ponderó que sustentar que un Poder del Estado no tenga legitimación para estar en juicio, cuando es una tarea colateral a la magnitud de la función que realiza con independencia de los otros poderes resulta desde la perspectiva lógico-jurídica, definitivamente improponible.

En definitiva, en el fallo se resolvió que las consideraciones desarrolladas en los apartados que anteceden determinan el fracaso del reproche constitucional ensayado en autos, ya que la legitimación que le acuerda el artículo 22 del Código Tributario al Tribunal Superior de Justicia y en especial al área administrativa correspondiente, “ mantiene incólume la división de poderes y no genera ninguna lesión a los derechos del ejecutado, por lo cual ordenó que el recurso debe ser rechazado ”.