ESCUCHARLa Cámara Federal confirmó la falta de mérito de Guillermo Dietrich, Nicolás Dujovne, Bernardo Saravia Frías y Javier Iguacel en la causa “Macri, Mauricio y otros s/ abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios público”, iniciada por los diputados nacionales oficialistas Rodolfo Tailhade y Leopoldo Moreau, por presuntas maniobras fraudulentas que beneficiaron a Abertis (una corporación ligada a las concesiones viales en todo el mundo) y al Grupo Macri en los peajes de los principales accesos a Buenos Aires.
Como querellante, el Gobierno reclamó los los procesamientos de los ex funcionarios, sin éxito.
Por su parte, la fiscalía no apeló el fallo de la jueza María Eugenia Capuchetti, quien que entendió que no había suficientes elementos probatorios para definir la situación de Dietrich, Dujovne, Saravia Frías e Javier Iguacel.
Los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah ratificaron la decisión de Capuchetti. “En el actual estado del caso, resulta razonable la posición que ha adoptado la magistrada”, concluyeron.
Argumentaron que ello era así por dos razones, a saber: porque se mantienen en pie interrogantes sobre los aspectos medulares de los cargos formulados y porque los cursos de acción concretos que se ordenaron apuntan en forma directa a lograr un conocimiento mayor que permita contestarlos, sea en forma incriminatoria o desvinculante.
“La investigación tiene bases específicas sobre las cuales avanzar y, ante el escenario existente, sería en este momento apresurado inclinarse por alguna de aquellas alternativas”, añadieron.
Irurzun y Farah dispusieron que se lleven adelante una serie de medidas para profundizar la pesquisa, para esclarecer la causa, además del estudio interdisiciplinario que ya está en marcha.
“Resta todavía conocer cómo se desenvolvieron las diferentes administraciones que, desde 2002, tuvieron a su cargo la tarea de ajustar las ecuaciones económico/financieras de las concesiones, para discernir –por vía de la comparación- si se recurrió a una herramienta de definición de conflictos no habitual, desventajosa o injustificada legalmente (tal es una de las premisas de la hipótesis de cargo) o lo contrario (tal el caso de las defensas)”, subrayaron, entre otros puntos.
En disidencia, el camaristaRoberto Boico propició que la jueza de grado dictara otro fallo aclarando “el rol que cada uno de los imputados tuvo en el entramado investigado”.
En los próximos, el expediente quedará a cargo de Daniel Rafecas, quien comandará como subrogante el juzgado que comandó hasta julio de 2020 Rodolfo Canicoba Corral.
En el caso se investigan presuntas maniobras a través de las cuales las empresas Ausol y el Grupo Concesionario Oeste SA lograron prolongar la concesión de los peajes de los accesos Norte y Oeste, respectivamente, hasta 2030, sin pasar por un previo proceso licitatorio, y que el Estado les reconociera supuestas deudas.
Los denunciantes plantean que la demanda ante ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), presentada días antes de que Mauricio Macri llegara a la Casa Rosada, sirvió para intentar simular un contexto internacional que justificara que el Estado argentino reconociera a las concesionarias lo que reclamaban.
En ese sentido, sostienen que durante la anterior administración se le dio curso a la renegociación “alegando una supuesta urgencia por el perjuicio que podía generar para el Estado Argentino”.
Las actuaciones fueron tramitadas por Canicoba Corral, quien a días de jubilarse procesó a los ex funcionarios.
La Cámara Federal anuló el fallo porque las defensas sostuvieron que el magistrado, en plena pandemia, no les mostró toda la documentación que consta en el expediente a la hora de indagarlos.
