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Puja por fondos tensa aún más la relación del Poder Ejecutivo con el Judicial

Julio Piumato. El dirigente adelantó que esta semana podría haber paros
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A raíz de las críticas del gremio por la negativa girar fondos para aumentar sueldos, la Junta de Cámaras nacionales y federales denunció una intromisión en la independencia judicial

La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) volvió a reclamarle al Gobierno -concretamente, al jefe de Gabinete de Ministros, Agustín Rossi- un aumento de partidas presupuestarias para recomponer salarios de empleados y funcionarios.

Estimó que Rossi omitió responder con precisión la solicitud que le cursó antes y, bajo esa premisa, le manifestó al funcionario que era “imperioso y necesario insistir”.

Le pidió otra vez que disponga las modificaciones en las partidas presupuestarias vigentes y que habilite los recursos financieros necesarios a efectos de otorgar nueve por ciento de incremento salarial (1 de abril, 1 de mayo y 1 de junio) para todas las categorías del escalafón del Poder Judicial de la Nación.

Intervención
La intervención del jefe de Gabinete en el asunto se enmarca en las previsiones del artículo 4 de la Ley 11672 Complementaria de Presupuesto.

La Máxima Instancia resaltó que la requiere en función del rol que cumplió el funcionario en distintas actuaciones a lo largo del tiempo.

La normativa autoriza al presidente de la CSJN a reasignar los créditos de su presupuesto jurisdiccional y establece que las modificaciones podrán hacerse cuando el jefe de Gabinete otorgue un refuerzo presupuestario.

Sindicato
La nueva petición del Alto Tribunal está relacionada con la respuesta que recibió de Rossi luego del acuerdo al que arribó con el sindicato de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) para incrementar salarios.

En función del pacto, la CSJN pidió ampliación de partidas y el jefe de Gabinete rechazó el pedido.

Alegó que “la coyuntura económica producto de la sequía ha requerido, en un marco de disciplina necesaria, que cada jurisdicción atienda sus necesidades con sus propios recursos disponibles existentes en primer lugar”.

Citó la crítica situación del Tesoro Nacional y le sugirió afrontar las subas con el fondo anticíclico creado para hacer frente a situaciones excepcionales, que supera 150.000 millones de pesos.

Concluyó que, a la luz de lo establecido en la ley 23853 de Autarquía Financiera del Poder Judicial podría disponerse la recomposición de las partidas dentro del presupuesto vigente y por el monto faltante, de resultar necesario, afectar los recursos disponibles en el fondo anti cíclico, siempre y cuando “lo solicite expresamente”, completó el actual precandidato presidencial por el Frente de Todos.

El gremio criticó la respuesta. El secretario General de UEJN, Julio Piumato, denunció que la decisión del Gobierno era un intento de “avasallar la independencia del Poder Judicial” y pidió el envío del dinero para sus representados.

Según Piumato, lo “más extraño y grave” fue el “justificativo absurdo” que dio por Rossi.

El gremialista cuestionó que aludiera a la falta de lluvias y a la situación crítica del Tesoro Nacional “en el escenario mundial y contexto macroeconómico imperante” como si ello fuera “culpa de los trabajadores”.

Apuntó también a la inflación récord “mientras sigue la fiesta financiera” y “a los tenedores de Lelics el Banco Central les paga un interés que representa un 11% del PBI”.

Tendencia
Hace horas, la Junta de Presidentes de Cámaras Nacionales y Federales de la República Argentina también aseguró que la negativa del Gobierno nacional a darle a fondos a la CSJN pagar subas de sueldos atenta contra la independencia judicial.

Concretamente, expuso que “evidencia una clara tendencia negativa atentatoria de la independencia judicial” que “se acelera con actitudes institucionales” como las de Rossi.

Lo hizo en un comunicado en el cual expresó también que es “crucial en un esquema republicano” que el Poder Judicial “se construya como un determinante superlativo en lograr el cumplimiento de las normas -en primer lugar, de la Constitución Nacional, a la cual deben supeditarse el dictado de las leyes y el cumplimiento efectivo de ellas-«, una finalidad para la cual, según señaló, las disposiciones que rigen la potestad delegada a aquel poder del Estado “no pueden atentar contra principios constitucionales superiores ni afectar su autonomía funcional”.

Orden constitucional
El organismo que nuclea a los titulares de las cámaras de Justicia de todo el país agregó que “el orden constitucional debe prevalecer por sobre emergencias económicas coyunturales”.

En esa tesitura, argumentó que la independencia del Poder Judicial no puede quedar sujeta a “diferentes grados de autonomía presupuestaria” ni pueden permitirse las interferencias –de cualquier índole- que “desde los otros poderes estatales se ejerzan sobre su normal funcionamiento”

Así, para “evitar una inequitativa situación” entre los integrantes del Poder Judicial y los del sector público nacional -un escenario que “se proyecta a los Ministerios Públicos y jurisdicciones provinciales”- y “que se vulnere la asignación legal de competencias, la seguridad jurídica y el respeto entre los distintos poderes estatales” con la «consiguiente crisis» que ello podría generar, instó “a la reflexión y estricto apego” a las disposiciones contenidas en los artículos 1, 109, 110 y 120 de la Carta Magna; ello así, “a los fines de no alterar el marco institucional necesario para asegurar la función e independencia del Poder Judicial de la Nación”.

Paro
El pasado día 24 los judiciales pararon en reclamo del cobro del segundo tramo de la recomposición pactada y anunciaron que harían lo mismo al comenzar junio, si no tenían respuestas.

“La lucha continúa con grandeza en cada rincón del país. Los judiciales no permitirán que el Gobierno atropelle la independencia del Poder Judicial y procure someterlo a su actitud de no autorizar el cambio de partidas presupuestarias”, declaró Piumato después de la última medida de fuerza.

“Es inaceptable que una vez más los trabajadores sean afectados por decisiones que no valoran ni reconocen el arduo trabajo y dedicación diaria en beneficio de la sociedad y el correcto funcionamiento del sistema judicial. El Gobierno rechazó la posibilidad de cambiar las partidas y sugirió en cambio utilizar los ahorros acumulados en el ‘fondo anticíclico’ de la CSJN, lo que avasalla la independencia del Poder Judicial”, puntualizó.

El dirigente dijo que la decisión es “profundamente decepcionante” y juzgó que “evidencia la ausencia de comprensión de las necesidades y legítimas demandas del personal”.

La UEJN también exigió políticas para mitigar el aumento del precios que castigan el poder adquisitivo.

Exhortó al Gobierno a reconsiderar su postura y a priorizar las necesidades de los trabajadores de la Justicia. A la CSJN le pidió que garantice lo acordado.

Subrayó que los empleados no deben ser “víctimas” de “disputas políticas” y que merecen respeto y condiciones laborales adecuadas.

La UEJN viene cumpliendo con un plan de lucha desde marzo y podría motorizar nuevos paros y marchas a partir de mañana.

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