El Poder Ejecutivo confirmó ayer jueves la inclusión en el temario de la convocatoria a sesiones Extraordinarias del Congreso el pedido para someter a juicio político a los jueces de la Corte Suprema de Justicia y anunció que enviará otras iniciativas vinculadas con reformas al sistema judicial, como un proyecto para ampliar el número de integrantes del máximo tribunal, la modificación de la Ley del Consejo de la Magistratura y una norma relacionada al tratamiento del acuerdo requerido para designar al Procurador General de la Nación.
Así fue anunciado ayer a tarde, en conferencia de prensa desde la Casa Rosada, por la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, quien confirmó la convocatoria del Poder Ejecutivo a sesiones extraordinarias, que regirá desde el 23 de enero hasta el 28 de febrero próximos, para tratar 27 proyectos de ley, entre los que también figuran iniciativas relacionadas con la promoción científica y tecnológica, la creación de universidades nacionales y con el régimen previsional.
De esta manera, el presidente Alberto Fernández pretende darle celeridad al trámite de juicio político que alcanzará a Horacio Rosatti, presidente del máximo tribunal, y a los ministros Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, quienes son acusados por el Ejecutivo de incurrir en mal desempeño y parcialidad.
«Nosotros esperamos que la oposición no sea lo suficientemente irresponsable, como lo ha venido siendo durante este tiempo (…) para recapacitar y sentarse en el lugar del diálogo democrático que es el Congreso de la Nación», dijo Cerruti en la conferencia de prensa, en relación a la decisión de la oposición parlamentaria de Juntos por el Cambio (JxC) de no tratar las iniciativas que el gobierno pretende que sean analizadas en el período de sesiones extraordinarias, si no se excluía del temario el pedido de juicio político a los miembros de la Corte.
En ese sentido, Cerruti argumentó que el Ejecutivo envió al Parlamento un «extenso temario de 27 puntos» que incluye «temas importantísimos para todos los argentinos», y que van desde el «desarrollo productivo», hasta temas vinculados con el sistema de justicia, como el tratamiento del acuerdo requerido para designar al Procurador General de la Nación, el proyecto de Ley de ampliación del número de integrantes del máximo tribunal, y la iniciativa de modificación de la Ley del Consejo de la Magistratura, temas que -recordó- «la misma Corte ha pedido que se llevan adelante».
«Nos parece que el temario es lo suficientemente importante y extenso como para que la oposición entienda que, en el libre juego democrático y en el libre juego de las instituciones, hay que sentarse a debatir en el Congreso que es el lugar de los acuerdos, de los consensos y de los debates», insistió, al tiempo que le reclamó a los opositores «no extorsionar al Gobierno y, por lo tanto, a la sociedad con solo tratar los temas que a ellos les interesan».
El proceso de remoción de los supremos abordará dos cuestiones: la primera es la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 26.080 que rigió el funcionamiento del Consejo de la Magistratura durante 16 años y que fue reemplazada, por decisión de la Corte, por la derogada Ley 24.937, una decisión que fue calificada como «un hecho insólito» por el Gobierno; y la otra cuestión es el análisis de medida cautelar que restituyó fondos coparticipables para la Ciudad de Buenos Aires (CABA).
Para el Gobierno, con el fallo sobre el Consejo de la Magistratura el máximo tribunal «violó la división poderes» al tratarse de un tema «que debe resolverse en el Congreso de la Nación o en el Poder Ejecutivo, porque es algo que involucra a todas las provincias», según evaluó la propia Cerruti días atrás en una de sus habituales conferencias de prensa en Casa Rosada.
