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Provincia de Buenos Aires presentó ante la CIDH el Plan de Transformación Penitenciaria

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El ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Julio Alak, presentó el Plan de Transformación Penitenciaria que prevé la construcción de 8 nuevas unidades y 16 alcaidías, durante una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que admitió la responsabilidad del Estado en lo que se conoció como la «Masacre de Magdalena», ocurrida en 2005, en la que murieron 33 detenidos.
Según el titular de la cartera de Justicia provincial, el plan contempla una serie de medidas que, dijo, «cambiaron el paradigma de la gestión penitenciaria y pospenitenciaria» bonaerense.
La presentación se llevó a cabo anoche en el marco de la audiencia convocada por la CIDH en la ciudad norteamericana de Los Ángeles, por la «Masacre de Magdalena», un incendio en un penal en 2005 en el que murieron 33 detenidos y por el que fueron condenados tres integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) confirmó que el ministro admitió en su discurso ante la CIDH en Los Ángeles la responsabilidad de Estado en lo que ocurrió en la masacre.
Sofía Caravelos, del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ), que participó de la exposición, al igual que representantes del CELS, aseguró que Alak «en nombre del Estado, hizo un reconocimiento de la responsabilidad del Estado, dijo que era uno de los más graves de la historia carcelaria».
«Reconoció lo que jurídicamente, en la sentencia, ya estaba reconocido: que hubo sobrepoblación, módulos de bajo costo sin condiciones de seguridad que generaron las condiciones de posibilidad del hecho», agregó la letrada.
En tanto, en un comunicado, el Ministerio de Justicia explicó que Alak expuso los avances en la materia, en los que detalló que «todas las unidades penitenciarias cuentan con brigada antincendios, con el correspondiente equipamiento».
También destacó la «capacitación de penitenciarios e internos para situaciones de crisis y que funciona en la Unidad Penitenciaria de Olmos un taller de produce colchones ignífugos que abastece hoy a todas la unidades del sistema».
La exposición del Alak discurrió desde las condiciones carcelarias registradas al inicio de la gestión, hasta el Plan de Transformación Penitenciaria, compuesto por dos programas.
Por un lado, explicó, «el programa de infraestructura más importante de la historia, que está en ejecución y contempla la construcción de 8 nuevas unidades y 16 alcaidías», y por otra parte, «el programa de inclusión en contexto de encierro, que se compone de la preservación del vínculo familiar con el detenido; regularización documentaria, educación, trabajo y producción; y enlace territorial con municipios».
La presentación se dio en el marco de la audiencia por la «Masacre de Magdalena», cuando por la noche se produjo un incendio en el pabellón 16 de ese penal por una quema de colchones que duró hasta la mañana siguiente, y los agentes penitenciarios decidieron no abrir las puertas delanteras dejando a los internos expuestos al fuego.
«Llegamos a esa audiencia después de 18 años de que ocurrieran los hechos. En la audiencia los litigantes hicieron una presentación de lo que significa ese caso, los hechos de ese día y la sobrepoblación carcelaria que había en aquel entonces», comentó a Télam Caravelos.
Por su parte, Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS, explicó que «el incendio y las muertes fueron consecuencia de una política de mano dura que hizo explotar las cárceles bonaerenses, sobre todo con detenidos sin condena y bajo condiciones inhumanas».
«La construcción de una sociedad democrática obliga al Estado a tener una agenda de seguridad que impulse, por un lado, la persecución estratégica de conductas criminales pero, por el otro, a garantizar la dignidad del castigo y que este no se transforme en venganza», agregó Litvacky.
Caravelos, en tanto, enfatizó en que la investigación penal se desdobló, y que «nunca avanzó la causa por falsos testimonios de los penitenciarios, ni otra en la que se denunció amenazas a los presos que declararon».
«Están cajoneadas, eso es responsabilidad el Ministerio Público; no del Poder Ejecutivo. Nosotros hicimos ese relato. Este Ministerio Público tiene dificultades para avanzar en investigaciones por violencia institucional», dijo.
Caravelos acentuó que «los organismos creemos que este caso tiene que ser el modelo para poder pensar las cárceles en Latinoamérica. Debe haber una persecución criminal eficaz, pero las penas que se dicten y el castigo no puede ser venganza, sino que el Estado debe comprometerse para que se respeten los derechos».
En la ocasión, los representantes de la comitiva argentina y de la parte peticionaria acordaron avanzar hacia una instancia de diálogo para consolidar medidas ya tomadas que eviten tragedias de esa naturaleza.
En tanto, según explicaron desde la cartera provincial, los comisionados celebraron el Plan de Transformación y expresaron que este caso, de sostenerse la disposición actual de las partes, podría ser de «gran referencia para los servicios penitenciarios de la región».

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