La muerte de otra detenida en la cárcel de Bouwer, la cuarta en lo que va del año, motivó ayer una protesta frente al Palacio de tribunales II de familiares y ex presos que reclaman por las malas condiciones en los penales de Córdoba.
En esta oportunidad, se trató de la muerte de María Oviedo, quien se encontraba detenida por un delito menor, tenencia y tráfico de estupefacientes y perdió la vida tras sufrir un paro cardiorespiratorio, según informó en un comunicado el Servicio Penitenciario.
Durante la protesta, el colectivo “Autoconvocados Anticarcelarios” Córdoba denunció un conjunto de prácticas que violentan los tratados internacionales de derechos humanos (entre las que se incluyen regímenes de tortura y aislamientos arbitrarios) y responsabilizó por dicha situación a “un Estado que no da respuesta a las necesidades básicas que debieran ser garantizadas”.
Al respecto, Adriana Revol, de Autoconvocados Anticarcelarios, reclamó la “abolición de las celdas de castigo, de las medidas de sujeción y los chalecos químicos que se utilizan en las cárceles de Córdoba”.
El colectivo advirtió que las decisiones en materia de seguridad y política criminal aplicadas por el Gobierno provincial “acarrean como consecuencia directa la sobrepoblación carcelaria y el hacinamiento”.
A su vez, advirtieron que los asesores letrados “son ínfimos, con relación a la cantidad de personas imputadas”, por lo que “la persona presa puede estar privada de su libertad durante días sin que nadie ejerza su derecho de defensa”.
Por otra parte, el colectivo aseveró que la falta de infraestructura en las cárceles cordobesas trae aparejada una sistemática negación de derechos básicos como el acceso al sistema de salud, educación y el trabajo.