ESCUCHARLa senadora bonaerense Aldana Ahumada (PRO) presentó un proyecto de ley para modificar la normativa procesal provincial y fijar un marco más severo para los imputados que cometan delitos, con la intención de que cumplan sus condenas y terminar con el fenómeno de la “puerta giratoria” en las cárceles.
La iniciativa de Ahumada, que elaboró junto a su par del PRO Christian Gribaudo, pretende incorporar la figura de la reiterancia delictiva en el Código Procesal Penal como entorpecimiento del proceso.
Indica que si una persona comete dos o más delitos de la misma naturaleza en un período no mayor a cinco años no podrá pedirse la excarcelación.
Define la reiteración delictiva como “la existencia actual de más de un proceso penal con requerimiento de juicio que tengan por objeto la investigación de delitos dolosos con pena privativa de la libertad, aunque no mediare sentencia” y establece la derogación del artículo 176 del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires que estipula que el juez puede excarcelar a un detenido independientemente de los antecedentes que tenga.
En tanto, introduce una modificación en el artículo 178 para que quede claro en ningún caso podrá dictarse el auto de excarcelación sin “informe cierto” de antecedentes”.
También cambia al artículo 185 para que el imputado no pueda pedir la eximición de prisión si se le atribuye la figura de reiteración delictiva, sea cual sea la etapa en la que se encuentra su expediente.
“Los beneficios esperados de esta medida son significativos: se anticipa una mejora en la seguridad pública a través de la contribución a la disminución de la reincidencia delictiva. Además, la posibilidad de enfrentar consecuencias más severas servirá como un disuasivo efectivo para los delincuentes, lo que se espera que resulte en una reducción de la reincidencia. Finalmente, se proyecta un aumento en la confianza de los ciudadanos hacia el sistema de Justicia, percibiéndolo como más efectivo y justo”, fundamentaron los senadores de la oposición bonaerense.
Recientemente, el Legislativo porteño sancionó la Ley de Reiteracia, a la que se opuso la izquierda y el kirchnerismo.
A fines de marzo pasado, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Jorge Macri, presentó el proyecto.
En línea con las propuestas de la actual ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, durante la última campaña electoral, el texto modificó el Código Procesal Penal porteño e introdujo un criterio más severo.
Se prevé expresamente el supuesto de “peligro de reiteración delictiva” y posibilita “limitar la libertad personal” de los imputados y dictar preventivas.
Asimismo, sumó normas especiales concernientes a los allanamientos en urgencia, las requisas y/o el secuestro de bienes procedentes de delitos o de elementos utilizados para cometerlos.
Jorge Macri hizo declaraciones luego de presentar el texto. “Necesitamos dejar atrás la lógica garantista que libera delincuentes que vuelven a matar, robar o violar. Delito de adulto, pena de adulto”, sostuvo.
El concepto de “reiterancia” es más estricto que el de “reincidencia”. Con la primera se busca que un encausado espere el juicio preso. La segunda, en cambio, habilita la posibilidad de que siga en libertad durante el proceso.
Impulsar la Ley de Reiterancia es uno de los compromisos que asumió Jorge Macri al candidatearse para la jefatura de Gobierno de la capital del país.
Por lo pronto, las provincias que ya aplican la reiterancia en sus códigos procesales son Mendoza, Tucumán, Chubut y Formosa. Hace semanas se sumó la CABA.
Protesta
A un mes y medio de la presentación de la iniciativa, el legislador del Partido Obrero Gabriel Solano se opuso y consideró que “está armada principalmente contra la protesta social”.
Aseveró que con la “nueva figura jurídica” Jorge Macri quería “hacer modelo Mendoza” y que el PRO impulsaba un “verdadero régimen persecutorio”.
Por su parte, Republicanos Unidos pidió avanzar con la incorporación de la figura.
“Son nuestras leyes penales y procesales penales, las que creamos, corregimos o derogamos, las que les brindan parte de las facilidades para que muchos sujetos elijan el camino del menor esfuerzo”, declaró el legislador Yamil Santoro.
Además, opinó que “es hora de mirar con sensatez la problemática de la seguridad” sin que “el falso progresismo facilista, zaffaroniano y abolicionista intimide con sus cancelaciones y discursos falaces”.
“El delito debe ser penado, y no podemos corrernos un sólo centímetro de ese acuerdo social”, subrayó.
Informe
Santoro recordó que el Ministerio del Interior presentó un Informe sobre Reincidencias Delictivas que reflejó que del total de la población que fue excarcelada en 2019, el 29, 2% ya había reincidido a los seis meses y que el porcentaje se incrementó al 44, 1% al año. Además, el reporte indicó que, al cabo de dos años, el 58,7% ya reincidió y, a tres años, el 65,6 %.
Santoro entendió que la inclusión de la reiterancia como causal para mantener detenida a una persona “es una cuestión fundamental que hace a la seguridad”.
