ESCUCHAREn el marco del debate sobre un proyecto de ley presentado por el diputado Ramiro Gutiérrez (UP-FR) para restituir a la sociedad bienes de origen criminal incautados, se abordó la propuesta para motorizar una plataforma que generará un registro unificado para censarlos, con datos origen, localización, estado, costos de mantenimiento y destino.
La iniciativa cuenta con respaldo del oficialismo y de distintos espacios opositores: lleva las firmas de más de 35 diputados de nueve bloques distintos. Propone una “redistribución equitativa” en favor de la sociedad de los activos incautados al narcotráfico y organizaciones internacionales.
Antes de que el texto llegue a comisiones, durante un evento en el Salón Blanco de la Cámara baja, se planteó que el desarrollo de la nueva plataforma de código abierto (público) facilitará la gestión de la información sobre los bienes.
Se la definió como una herramienta pensada para que las agencias del Estado responsables de la política pública en materia de administración de bienes puedan llevar adelante un adecuado control sobre su estado y garantizar su transparencia.
En ese sentido, Gutiérrez dijo que “se parte del diagnóstico” de que el país no cuenta con un registro unificado de bienes decomisados y cautelados, por lo que “ni el propio Estado ni la ciudadanía” sabe lo que sucede con ellos.
Según el legislador, la ausencia de datos genera “pérdida de recursos y de oportunidades para la reparación de las víctimas del crimen organizado y de otros delitos”.
Aseguró además que “la comunidad jurídica internacional sigue con atención” los pasos que da la Argentina en la materia.
La iniciativa, respaldada por diversos sectores de la sociedad civil, contempla la creación de un fondo que financie programas de seguridad, prevención de las adicciones, educación, salud y desarrollo económico.
Con el apoyo de testimonios de beneficiarios potenciales y ejemplos de países donde iniciativas similares tuvieron éxito, los defensores del proyecto titulado “Bien Restituido” postulan que no solo sea una respuesta a delito, sino también una “oportunidad de justicia social y equidad”.
Participaron del encuentro, entre otros Carla Pitiot, vicepresidenta de la Fundación Éforo, y Alejandra Provitola, jueza nacional en lo Criminal y Correccional y consejera de la Magistratura de la Nación.
Procuración
A mediados de octubre, el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, emitió una instrucción a fin de que los fiscales impulsen cautelares sobre activos sospechosos de origen ilícito para asegurar su decomiso o lograr eventuales sanciones -como el cobro de multas y el pago de indemnizaciones- y una exhaustiva investigación patrimonial y financiera simultánea y paralela al objeto procesal principal con respecto los involucrados en casos graves de criminalidad económica.
La Resolución PGN 58/24 instruye a agentes a que “insten proactivamente” medidas cautelares sobre los bienes y establece que, en caso de no individualizarlos, impulsen “las medidas necesarias en relación con esa finalidad sobre las personas investigadas” frente a todos los delitos bajo pesquisa.
Resaltó que las investigaciones patrimoniales y financieras deben promoverse “en los hechos vinculados a la criminalidad económica; principalmente, corrupción, narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas, evasión tributaria, contrabando, terrorismo y su financiamiento”.
Señaló que la decisión va en línea con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para perseguir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, y remarcó que “la obligación de cargar información en los sistemas informáticos deviene decisiva para la recolección de datos y la medición de las investigaciones financieras”.
Carga
“La correcta y completa carga de datos constituye un pilar fundamental para cualquier estrategia orientada a combatir la delincuencia organizada y el recupero de activos, lo cual permite una visión integral y coordinada de los recursos involucrados en los delitos investigados”, destacó la manda.
A tales fines, Casal le encomendó a la Dirección General de Desempeño Institucional que realice un monitoreo continuo y detallado de la carga de la información en el sistema de gestión.
“La orientación de estos esfuerzos confluye con el categórico propósito de la Procuración General para identificar y recuperar bienes vinculados o provenientes de actividades delictivas y, en términos generales, afianzar los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en múltiples convenios”, argumentó Casal en su instrucción general.
El jefe de los fiscales de la Nación resaltó que la medida es la continuidad de una política institucional plasmada previamente en las Resoluciones PGN 129/2009 y 134/2009, dictadas en el mismo sentido, y en la creación, en 2014, de la Unidad de Recupero de Activos (URA) y la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero (OFINEC), luego convertidas, respectivamente, en la Dirección General de Recupero de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB) y en la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI).
Sumó que el año pasado, por Resolución PGN 89/23, creó la Secretaría de Investigaciones Financieras y Recuperación de Activos Ilícitos (SIFRAI), con el propósito de coordinar funcionalmente a la DAFI y la DGRADB. En tal sentido, Casal apuntó que esas direcciones y otras dependencias de la Procuración General elaboraron y pusieron a disposición de los integrantes del Ministerio Público Fiscal diversas herramientas de alcance general destinadas al apoyo técnico en la materia, como la Guía de Medidas Cautelares para el Recupero de Activos, la Guía de Investigación Financiera y la Guía práctica para la identificación, trazabilidad e incautación de criptoactivos, entre otras.
Córdoba
Cabe recordar que, en agosto, el fiscal general Carlos María Casas Nóblega, y agentes de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) apelaron la denegatoria del decomiso anticipado de una propiedad en un country de la periferia de la capital, comprada por familiares de José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, el líder prófugo de la organización narcocriminal ecuatoriana “Los Choneros”.
De acuerdo a la investigación, la vivienda fue adquirida por el cuñado de “Fito”, Jorge Alberto Peñarrieta Tuarez, con fondos provenientes de la organización, vinculada al tráfico y al lavado.
En la casa de más de 800 metros cuadrados del barrio privado Valle del Golf residían la esposa, los hijos y otros familiares de “Fito”. Fueron expulsados del país en enero pasado, casi en paralelo a la fuga del narco de un penal ecuatoriano.
Casas Nóblega y sus colegas de la PROCUNAR cuestionaron el fallo de Miguel Hugo Vaca Narvaja (Juzgado Federal Nº3) y destacaron que el fin del decomiso es “corregir la perturbación del ordenamiento jurídico consecuencia de la situación patrimonial ilícita generada por la comisión de delitos”. Sumaron que “no pretende desaprobar ni castigar un comportamiento antijurídico, sino impedir que persista en el futuro una perturbación del ordenamiento jurídico producida en el pasado”.
Además, enumeraron casos en los cuales, en diferentes jurisdicciones, se resolvió en sintonía con su pedido.
Indagatoria
En mayo se dispuso la citación a indagatoria de Peñarrieta Tuarez por poner en circulación en el mercado financiero argentino al menos 50 mil dólares en efectivo de origen ilícito.
De acuerdo a la Fiscalía, el hermano de la esposa del narco ecuatoriano adquirió en octubre de 2023 la casa de Valle del Golf con fondos que provinieron de la actividad ilícita que llevaba adelante su cuñado.
El hombre no compareció ni justificó su ausencia, por lo que solicitó que se lo declare en rebeldía y que, para el caso que reingrese al país, se dicte su captura, pero el juez desestimó el requerimiento.
Origen
Los fiscales entienden que la ilicitud de origen del dinero usado para adquirir el inmueble se probó. “Al egreso de Ecuador ni en el ingreso al país no se ha acreditado egreso/ingreso de suma de dinero alguna por parte del núcleo familiar residente en el inmueble como así tampoco de Peñarrieta Tuarez”, señalaron. “No se acreditó actividad económica registrada en el país o el exterior que permita presumir la licitud de los fondos por parte del imputado; el tiempo que estuvo en el país tampoco permite presumir que se haya realizado dentro de esta obtención de dicha suma de dinero de una forma lícita y/o registrada”, profundizaron.
Para los fiscales, la fecha de la adquisición y de la ocupación del inmueble coincide con el planeamiento y ejecución de la fuga de Macias Villamar de la cárcel, en Ecuador, y la posterior actividad violenta desarrollada por la banda que lidera en ese país.
