Promueven nuevo proyecto contra usurpaciones con foco en quienes citan “derechos originarios”

La iniciativa fue presentada por dos legisladores nacionales rionegrinos. Piden endurecer las penas para las personas que cometen delitos por “supuestas reivindicaciones ancestrales” para “apropiarse ilegalmente de espacios públicos y privados”. En junio pasado, diputados nacionales de Juntos por el Cambio propusieron modificar el CPPN, con el fin de posibilitar el inmediato reintegro de propiedades ocupadas ilegalmente

Los diputados nacionales Agustín Domingo y Luis Di Giácomo (Juntos Somos Río Negro) presentaron un proyecto para modificar el Código Penal (CP) y dotar a los magistrados de más herramientas para sancionar a los usurpadores de inmuebles .

El articulado que promueven los rionegrinos pone el foco en la problemática mapuche.

Cita los numerosos episodios protagonizados por las autodenominadas “comunidades de pueblos originarios”, por entender que hay organizaciones que “se escudan detrás de supuestas reivindicaciones ancestrales para apropiarse ilegalmente de espacios públicos y privados”.

La iniciativa plantea la necesidad de reformar el artículo 181 del CP y endurecer penas cuando las usurpaciones sean llevadas a cabo por grupos que invoquen injustificadamente “derechos tradicionales” sobre las tierras y procedan con violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad.

En esos casos, la pena que propone el texto será de seis meses a tres años de prisión.

En el caso de las usurpaciones grupales, fija sanciones más estrictas para los impulsores y organizadores, con una escala de tres a seis años de prisión, y de uno a cuatro para el resto de los partícipes.

Vandalismo

“Cuando la reforma habla de derechos tradicionales injustificados, hablamos de aquellos grupos que se esconden bajo una supuesta legitimidad de derecho tradicional, contemplado en la Constitución Nacional, para justificar actos de vandalismo”, fundamentaron Domingo y Di Giácomo.

Cabe aclarar que el articulado precisa que, en caso de que los autores pertenezcan legítimamente a comunidades mapuches, serán juzgados según la figura básica de la usurpación, sin agravantes.

Herramientas

Es pertinente recordar que en junio pasado, diputados nacionales de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto de ley para modificar el Código Procesal Penal de la Nación (CPPN) con el fin de, según expusieron, posibilitar el inmediato reintegro de propiedades ocupadas ilegalmente, así como poner límite a usurpaciones de inmuebles privados y públicos.

La iniciativa prevé la restitución del terreno o inmueble en cualquier estado del proceso y aun sin dictado de auto de procesamiento o de remisión a juicio, con la salvedad de que el derecho invocado por el damnificado sea verosímil.

“Proponemos herramientas concretas que coadyuven en el proceso judicial, pero también interpelamos a todos los niveles del Estado a trabajar para que esta situación no se siga replicando: Nación, provincias y sobre todo los municipios deben tener como eje evitar usurpaciones”, destacó Juan Martín (UCR-Santa Fe), autor del proyecto, que acompañaron -entre otros- Mario Negri y Gerardo Milman.

Martín argumentó que el accionar constante y deliberado contra la propiedad privada individual requiere la elaboración de instrumentos procesales ágiles para “garantizar una justicia temprana que repare el accionar de los usurpadores con el restablecimiento inmediato del derecho de posesión y tenencia del bien apropiado”.

En tanto, expuso que “el déficit habitacional real y objetivo” no puede ser resuelto “a expensas de los derechos de otros habitantes”.

En ese sentido, planteó que la solución de esa carencia es competencia de áreas y organismos específicos del Estado. “La ausencia o ineficacia de políticas públicas para resolver el déficit habitacional no habilita a los particulares a que tomen por vías de hecho la propiedad inmueble estatal o de terceros”, advirtió el santafesino.

Bajo esa premisa, manifestó que es “paradójico” que titulares registrales de inmuebles deban emprender un litigio de desalojo contra los ocupantes ilegales y someterse a acciones dilatorias y “a tiempos de un juicio ordinario para recuperar algo que les es propio y cuya titularidad surge de manera evidente de la documentación que acredita su propiedad”.

Martín precisó que el número de denuncias por ocupación de inmuebles en todo el país aumentó en los últimos años y que no hay respuestas eficientes de las autoridades.

“Nada justifica que se usurpen terrenos ni inmuebles, se trate de terrenos privados o propiedad del Estado. La forma de exigir el cumplimiento del ejercicio del derecho a la vivienda no puede ser por mano propia sino por una política gubernamental que la reglamente equitativamente, considerando todos las prerrogativas e intereses en juego”, concluyó el radical.

Escalada

En octubre del año pasado, la escalada de violencia en el sur del país llegó a un punto crítico: renunció una fiscal que interviene en causas claves, pero el procurador la sostuvo.

Horas antes de la dimisión de la funcionaria, en El Bolsón, una nueva acometida de un grupo mapuche destruyó las instalaciones del Club Andino Piltriquitrón.

Los autores del atentado dejaron escritos con amenazas para el intendente de la localidad y la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras.

Ésta fustigó lo que definió como “ataques a la institucionalidad” de la Provincia que ponían en peligro la vida de las personas y volvió a pedirle ayuda a la administración nacional. Paralelamente, adelantó que el Estado rionegrino denunciaría lo sucedido ante la Justicia federal, en el marco de una acción ya presentada por la Fiscalía de Estado local.

Se trató del tercer atentado incendiario que se registró en Río Negro en un mes. El primero dejó en ruinas el Centro de Informes Turísticos de El Bolsón. El segundo destruyó una vivienda ubicada en instalaciones de Vialidad Nacional, en Bariloche. Durante la comisión del hecho, los perpetradores agredieron y maniataron al cuidador del predio, quien residía en el inmueble, y a su familia.

Bariloche

Sylvia Little, la agente interinamente a cargo de la Fiscalía Federal de Bariloche, solicitó que se investigara la existencia de una organización destinada a imponer ideas por la fuerza. Formuló el requerimiento de instrucción luego de los dos primeros incendios intencionales que se adjudicó la organización RAM-MAP -UAL Nahuelhuapikeche.

Lo hizo tras la exposición a la que se refirió Carreras, formulada por los fiscales de Estado y de Estado Adjunto rionegrinos.

El escrito de los funcionarios detalló que durante la noche del 3 de octubre de 2021 ocurrieron en la zona dos sucesos de “confeso contenido de coerción ideológica e intimidatoria” que habrían sido ejecutados coordinadamente “por un grupo cuyo objetivo consiste en imponer en forma violenta sus ideas políticas”.

Precisaron que, si bien en estos casos intervienen las dependencias del Ministerio Público Fiscal provincial pertinentes, hay una organización que busca “promover una lucha insurreccional contra el Estado Argentino y su Constitución, por considerarlo ilegítimo”, procurando compeler “mediante la violencia y el terror” a acatar sus opiniones. También alegaron que los miembros del grupo mapuche materializarían “una persecución por odio racial” hacia los “winkas”; esto es, hacia el conjunto de ciudadanos “no mapuche”.

Little consideró que se estaba ante la posible comisión de un delito de acción pública, en infracción al artículo 213 bis del CP, que sanciona acciones cuyo fin principal o accesorio sea imponer ideario propio o combatir el ajeno por la fuerza o el temor, con el agravante previsto por el artículo 2 de la ley 23592, de Penalización de Actos Discriminatorios. Por ello, reclamó que se declarara la competencia del fuero Federal en la causa.

En plena escalada de violencia y antes del tercer atentado, Little renunció.

Antes, la magistrada subrogante Silvina Domínguez sobreseyó a María Nahuel, encausada por las usurpaciones en Villa Mascardi.

Nahuel había quedado imputada en 2017. Durante la audiencia le tiró un lapicero a Little. Quedó incriminada por esa agresión y por entorpecer la investigación en otro expediente, uno de los tantos anexos al que se tramita por las tomas de terrenos por la comunidad Lafken Winkul Mapu.

Little tomó el control de la fiscalía en 2017. Según reportes de medios nacionales, resolvió volver a su puesto como secretaria abrumada por la falta de avances en las actuaciones por usurpaciones y cortes de rutas.

La agente tuvo un rol destacado en la causa principal por la usurpación de tierras de Villa Mascardi, perpetrada a fines de noviembre de ese año. Mantuvo en pie la pesquisa cuando la Administración de Parques Nacionales había decidido no avanzar.

Una vez que tomó conocimiento formal de la determinación de Little, el procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, la respaldó y ella decidió que seguiría en el puesto.

El jefe de los fiscales destacó la labor que venía realizando la agente “en una jurisdicción con una conflictividad particular” y, mediante una resolución, conformó un equipo especial de apoyo.

Desde que subroga la Fiscalía Federal de Bariloche, Little instruyó causas críticas, como el homicidio de Rafael Nahuel, ocurrido 24 días después de que asumió. En ese expediente solicitó la elevación a juicio de los efectivos de Prefectura que motorizaron el operativo que derivó en la muerte del joven. También participó del juicio de extradición de Facundo Jones Huala y cuando terminó el debate quedó a cargo de la fiscalía.

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