Rechazan anular sentencia que firmó un solo camarista durante la pandemia de covid

El pronunciamiento entendió que, al momento de suscribir la decisión, no habían caducado las normas fijadas en el contexto de la emergencia sanitaria que permitían esa excepción

La Sala Civil y Comercial del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) rechazó el planteo de nulidad de una sentencia de cámara que fue firmada por uno sólo de los vocales que la integran. El Alto Cuerpo argumentó que la vuelta a la presencialidad en el Poder Judicial no hizo caducar por sí las normas dictadas en la emergencia por la pandemia de covid 19, que permitían la validez de la sentencia suscripta de esta manera.

El TSJ integrado por los vocales María Marta Cáceres, Domingo Sesin y Luis Eugenio Angulo examinó la profusa normativa emergencial dictada por ese cuerpo en el contexto de excepcionalidad, mediante resolución de Presidencia N° 9, del 20/3/2020 (BO 25/3/2020), que dispuso la medida de “cese de la prestación del servicio de Justicia de modo presencial”, instituyéndose a la par un procedimiento de atención de las “presentaciones judiciales de carácter urgente”.

Acuerdo

Los vocales recordaron que en ese marco el TSJ emitió el acuerdo reglamentario N° 1622, serie “A”, del 12/4/2020, en el que, después de hacer explícito que “durante la vigencia del receso judicial extraordinario, los Tribunales de la Provincia de todos los fueros están habilitados para: dictar resoluciones…”, dispuso: “En caso de no contar con firma digital, o en caso de urgencia, o de que la asistencia a los lugares de trabajo para proceder a la firma digital se vea imposibilitada por cualquier motivo, la resolución no llevará ‘firma digital’ y deberá ser cargada en el SAC Multifuero exclusivamente por el magistrado interviniente, o por un solo magistrado en el caso de tribunales colegiados. La firma digital se practicará igualmente una vez reanudada la actividad judicial presencial, momento en el cual se imprimirá la resolución en papel y será incorporada al expediente, junto a una certificación que contenga nombre y cargo de los firmantes y la fecha en que se dictó”.

El fallo consideró que, si bien es verdad que ambas previsiones reglamentarias informan como límite de su propia vigencia temporal la del “receso judicial extraordinario”, no es menos cierto que ello no autoriza a pregonar, sin más, la supuesta caducidad de las directivas de actuación contenidas en ellas.

La decisión señaló que la interpretación armónica de ese instrumento, en el contexto de la trama reglamentaria a la que accedió, “sugiere a las claras –bien que de modo implícito– que la progresiva flexibilización de las medidas establecidas en el marco de la pandemia carecía per se de aptitud intrínseca para rescindir la vigencia del ‘régimen de excepción en curso’ ni perjudicar la continuidad de las medidas adoptadas en su seno”.

Inaceptable

En esa inteligencia, el TSJ sostuvo que aparece inaceptable aventurar que el restablecimiento de la prestación del servicio de justicia “de modo presencial” en la sede judicial de la ciudad de Córdoba capital haya tenido virtualidad jurídica concreta para dar finiquito ipso facto al régimen de excepción implementado por AR N° 1620 ni –por ende– para derogar en forma automática las disposiciones reglamentarias que este Alto Cuerpo, en ejercicio de sus potestades inherentes, emitió para reglamentar el quehacer judicial durante la crisis sanitaria.

Así las cosas, descartó que la normativa reglamentaria de emergencia haya venido a quedar derogada ipso facto por el mero retorno de la prestación del servicio de justicia de “modo presencial”, y que “parece prudente acotar que las específicas disposiciones que autorizaron la emisión de resoluciones de tribunales colegiados con la firma de uno solo de sus integrantes –en el caso concreto, de dos de los vocales–, no han sido a la fecha objeto de expresa derogación ni se revelan intrínsecamente incompatibles con la modalidad ‘presencial”.

Flexibilización

En esa dirección, el Alto Cuerpo apuntó que no puede soslayarse que tal medida de flexibilización fue arbitrada en los términos y condiciones reglados en el “Protocolo de actuación y recomendaciones generales para servicio presencial de justicia en la provincia de Córdoba durante la emergencia sanitaria por Covid-19” y las “Pautas particulares” fijadas para la sede capital, instrumentos éstos en los que solo se previó una “presencialidad mínima indispensable” y “administrada en el marco de la realidad sanitaria local”.

En consecuencia sostuvo que, siendo de público conocimiento la continuidad de las medidas nacionales y provinciales sobre restricciones de la circulación y distanciamiento social, preventivo y obligatorio (más allá de la constante adecuación de sus alcances a las fluctuantes exigencias de la situación epidemiológica), carecería de todo asidero insinuar, siquiera, que, a la fecha de dictado de la resolución impugnada (11/5/21), estuviesen extinguidas las condiciones fácticas que determinaron la adopción de la “modalidad resolutiva” contemplada en el AR N° 1622 y la resolución de Presidencia N° 45, al menos hasta el dictado del acuerdo reglamentario N° 1712 de fecha 20/8/21 que –incluso– prevé supuestos de dispensa de asistencia presencial.