ESCUCHARLa jueza federal Sandra Arroyo Salgado procesó a los tres galenos responsables del Centro de Salud Norte, ubicado en Villa Adelina, partido de Vicente López, por, supuestamente, integrar una asociación ilícita responsable de los delitos de propagación de una enfermedad peligrosa y contagiosa como el coronavirus.
La magistrada también les atribuyó a los encartados la presunta comisión del delito de falsedad ideológica de instrumentos públicos, por la alteración de historias clínicas.
En su fallo, Arroyo Salgado argumentó que la “banda” conformada por el dueño del Centro de Salud Norte, José Benjamín Teitelbaum, el director Jorge Pinzetta y la coordinadora Ana Bellusci tenía como “exclusivo fin” lucrar con la salud y la vida de los pacientes, todos adultos mayores afiliados al PAMI, y “maximizar las ganancias” del nosocomio.
Asimismo, sostuvo que, como consecuencia de las irregularidades operativas, en el marco de la pandemia se contagiaron trabajadores, médicos, pacientes, familiares y personas que directa o indirectamente tuvieron contacto con el sanatorio.
Así, entre otras acciones, les enrostró a los imputados brindar un servicio de presunta atención a la salud en malas condiciones de higiene y seguridad; prohibir a los empleados el uso de medidas de protección; no entregar a dependientes y familiares de pacientes los elementos de bioseguridad adecuados; ocultar cadáveres positivos de covid-19; obligar a concurrir a la clínica a personal médico y no médico tratante encuadrado en el supuesto de “caso sospechoso” e inducir a los galenos a asentar datos inexactos en las historias clínicas, a estampar rúbricas ajenas y a expedir actas de defunción inexactas en su contenido.
Finalmente, los incrimino por ocultar a sus familiares las verdaderas causas del fallecimiento de los pacientes.
Teitelbaum y Pinzetta fueron procesados con prisión preventiva, por lo que permanecerán detenidos. En tanto Bellusci, quien declaró como arrepentida ante el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez, seguirá en libertad, bajo el Programa de Protección de Imputados.
Contador
Por pedido del fiscal Domínguez, la magistrada dispuso la detención de Diego Galindo en su domicilio. Se trata del contador de la firma dueña del Centro de Salud Norte, ROPHE SA, que también posee el Sanatorio Mariano Pelliza.
Ambas firmas fueron clausuradas por el municipio de Vicente López.
Arroyo Salgado identificó a Teitelbaum -quien sería el dueño de ROPHE SA- como jefe de la presunta asociación ilícita. “Se logró determinar el rol que cada uno ocupaba en esta empresa delictiva, en la que Teitelbaum lideraba y Pinzetta Martínez, con la colaboración de Bellusci, ejecutaban y disponían las acciones para sostener el plan criminal”, afirmó.
“Teitelbaum era quien gravitaba todas las decisiones finales de importancia y a quien respondían en última instancia los restantes miembros. Era, en definitiva, la cabeza de la estructura y, desde esa posición, uno de los principales productores de las actividades materia de reproche penal desplegadas. De su lado, Pinzetta Martínez, dada su calidad de director médico del sanatorio, se posicionaba en lo cotidiano como la máxima autoridad médica del referido Centro de Salud Norte”.
Para Arroyo Salgado, luego de constatarse la propagación de casos de coronavirus en el Centro de Salud Norte, Teitelbaum, Pinzetta y Bellusci les impidieron a sus dependientes cumplir los protocolos vigentes para su seguridad, para la detección temprana de casos y la aplicación de las medidas sanitarias establecidas para el trato de pacientes (ya sea sospechosos o confirmados), lo que derivó en la propagación de una enfermedad peligrosa y extremadamente contagiosa hacia una multiplicidad de personas.
La causa se inició para investigar la muerte de una paciente con covid-19 en el mencionado centro de salud, Fátima Cellini, quien no fue tratada por la enfermedad y cuyo examen posmortem dio positivo para el virus.
Entre otras acciones, a los imputados se les enrostra brindar un servicio de presunta atención a la salud en malas condiciones de higiene y seguridad; prohibir a los empleados el uso de medidas de protección; no entregar a dependientes y familiares de pacientes los elementos de bioseguridad adecuados y ocultar cadáveres positivos de covid-19.
