ESCUCHAREl Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia (Chubut) procesó y ordenó el embargo de 20 sindicalistas y de cuatro funcionarios públicos por la sustracción de 30 dosis de los componentes uno y dos de vacunas Sputnik V -60 aplicaciones en total- para la inoculación del personal del Sindicato de Camioneros de esa ciudad. La jueza Eva Parcio de Seleme hizo lugar a lo solicitado por el fiscal federal Norberto Bellver, quien está a cargo de la Fiscalía Federal de esa ciudad.
En su resolución, firmada el 14 de mayo, la jueza explicó la maniobra ilícita que realizó un empleado del personal de salud del sindicato, al comprarle a una enfermera del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia las vacunas Sputnik V para que fueran aplicadas a la comisión directiva y a los empleados del sindicato y de la obra social de Camioneros. La sustracción de las 30 dosis del componente uno habría ocurrido entre el 7 y el 9 de enero pasados, cuando la enfermera Analía Muñoz habría recibido el ofrecimiento de parte de un representante del sindicato, mientras que igual cantidad de dosis del componente dos fueron sustraídas el 27 de enero.
La magistrada detalló que fue Muñoz quien sustrajo las vacunas “en el contexto de caos reinante en torno al proceso de vacunación, al no existir medidas de seguridad en relación con dichos bienes esenciales -vacunas Covid-, un deficiente control, registros y protocolos al respecto, todo lo cual debía haber sido instrumentado por los funcionarios responsables”.
De acuerdo con lo detallado en la resolución, el 29 de enero unas 20 personas, mujeres y hombres integrantes del sindicato -ahora procesados, entre ellos quien instigó la maniobra-, fueron vacunadas con el primer componente por la enfermera Muñoz y su compañera Gabriela Torres. La jueza explicó que aún es materia de investigación la inoculación con el componente dos.
Los delitos
Dentro de las responsabilidades de los funcionarios públicos, la jueza destacó el rol preponderante de Jorge Benítez, jefe de la División de Epidemiología y Enfermedades Prevalentes, del Área Programática Sur del Ministerio de Salud de Chubut, quien tenía bajo su responsabilidad la Cámara de Vacunación donde -se explicó en la resolución- ocupaba la función de “garante del resguardo de las vacunas Sputnik-V”. Por ese motivo, la magistrada decretó su procesamiento como autor penalmente responsable del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y le fijó un embargo de 500 mil pesos.
Asimismo, la jueza señaló el rol de Daniela Cocha, la encargada de coordinar la entrega diaria de las dosis necesarias y de realizar distintas tareas operativas relativas a la provisión de las vacunas conforme los turnos que fueran programados para cada día. En tal sentido, dictó su procesamiento por el delito de malversación culposa de caudales públicos y dispuso un embargo sobre sus bienes en 100 mil pesos.
Por otro lado, la magistrada dictó el procesamiento de la enfermera Muñoz por malversación de caudales públicos y le fijó un embargo de dos millones de pesos. En cuanto a su colega, la enfermera Torres, a quien se le imputó haber ayudado a Muñoz para coordinar la maniobra, la jueza la consideró autora penalmente responsable del delito de encubrimiento y le ordenó un embargo de un millón de pesos.
El empleado del área de salud del sindicato imputado de haber comprado las vacunas fue procesado como instigador del delito de malversación de caudales públicos y se le fijó un embargo de 1,5 millón de pesos. En cuanto al resto de los sindicalistas acusados, 19, la magistrada los consideró autores penalmente responsables del delito de encubrimiento y embargó a cada uno en 1,3 millón de pesos.
